El fracking y la soberanía
Jorge Fernández Menéndez
Habla bien de la presidenta Sheinbaum que hay adoptado la decisión políticamente costosa en términos de su propio movimiento, pero clave para el desarrollo futuro del país, de asumir que el fracking es indispensable para recuperar la capacidad nacional de generar la energía que requiere México para su desarrollo.
Lo hace contraponiéndose a una inflexible posición, tan ideológica como errada, del expresidente López Obrador que ha tenido costos altísimos para el país. Una posición que se contraponía con la experiencia y de cualquier modelo exitoso de desarrollo.
A inicios del sexenio pasado, tanto Alfonso Romo, en ese entonces jefe de la oficina de la presidencia, como Julio Scherer Ibarra, que era su consejero jurídico, le presentaron a López Obrador sendos proyectos, muy similares, de empresarios nacionales que estaban dispuestos a invertir miles de millones de dólares para la explotación de gas, vía fracking, y para la construcción de gasoductos que llevaran gas a todo el país (hoy, sobre todo en el sureste, pero también en zonas de la frontera, la carencia de gas es determinante para que no se asienten inversiones). Asesorado por Manuel Bartlett, que estaba al frente de la CFE, y que se cerró a cualquier inversión privada en el sector, el expresidente rechazó los proyectos, elevó la prohibición del fracking en términos legales, impulsó una regresión total en las reformas energéticas que se habían realizado en los sexenios anteriores y, con ello, condenó al país a la dependencia energética.
El fracaso del modelo propuesto el sexenio pasado se exhibe en Pemex y en la dependencia enrgética del gas importado de Texas. Hoy Pemex depende del apoyo financiero del gobierno, lo que ha llevado a un mayor endeudamiento y reduce el margen de maniobra fiscal, mientras que adeuda 25 mil millones de dólaresa a sus proveedores, generando una crisis de liquidez para muchas pequeñas y medianas empresas.
Pemex necesita un saneamiento integral, necesita romper con el burocratismo y los lastres sindicales internos, acabar con el huachicol que es una sangría permanente de la empresa y las finanzas públicas (y uno de los mayores alimentos del crimen organizado y la corrupción política) y abrirse a la inversión extranjera en la forma que se considere más conveniente, no hay recurso público que alcance para revivir a Pemex y al sector energético del país prescindiendo de la iniciativa privada.
Lo mismo sucede con el gas: ningún país es soberano si no tiene reservas de energía para más de dos días si se cortan las importaciones desde Texas, con el agravante de que esas mismas cuencas desde donde se explota y exporta el gas hacia México se continúan en territorio nacional pero aquí no son explotadas porque al prohibir López Obrador el fracking no había forma de hacerlo.
En la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas no se prohibió la inversión privada ni la asociación de Pemex con empresas privadas, y las razones que la determinaron en los años 30 del pasado siglo, tuvieron mucho que ver con la voracidad empresarial pero también con la inminente segunda guerra mundial y el interés de proteger el petróleo y la industria petrolera ante el conflicto en ciernes: era parte también de los acuerdos que se tejieron en esos años con Estados Unidos para preservar esa fuente energética. Pero el hecho es que por eso mismo no se estableció en la reforma de Cárdenas la prohibición para asociaciones o inversiones privadas. Fue el marco regulatorio de los sexenios posteriores los que limitaron cada vez más esa participación.
La empresa está quebrada pese a que el gobierno federal le ha traspasado miles de millones de dólares y se ha embarcado en proyectos costosísimos como Dos Bocas, casi 25 mil millones de dólares, el triple de lo considerado originalmente, un costo difícil de devengar porque, por ejemplo, la refinería de Deer Park que compró México en Texas, produce desde el día uno lo mismo que algún día producirá Dos Bocas y su costo total, asumiendo incluso las pérdidas que tenía de su operación anterior, fue de cerca de mil 600 millones de dólares.
Se habla de proteger la soberanía y la independencia energética pero cuando se debe tal cantidad de dinero nadie es soberano ni independiente, menos una empresa que las calificadoras internacionales consideran casi al borde del default. No es así porque recibe enormes cantidades de dinero del gobierno federal, pero ni de esa manera logra modificar sus números. Es una empresa dependiente de su falta de eficiencia y de sus acreedores.
El petróleo y el gas, los recursos nacionales, son de México, pero nadie dice que dejen de serlo porque haya empresas privadas, nacionales o entranjeras, que inviertan y trabajen en el sector. La verdadera soberanía en este ámbito sería que la energía y sobre todo el gas pudieran llegar a todos los rincones del país. La soberanía implica también respetar los compromisos internacionales y el TMEC, y hay que cumplirlos. Autorizar el fracking para poder invertir en la generación de gas y crudo fortalece la soberanía.
