Sheinbaum, entre la “ultraderecha” de EU y los “ultras” de la 4T
Por Mario Maldonado
La presidenta Claudia Sheinbaum cruzó el domingo una línea que había evitado durante los primeros meses de su gobierno. Desde el Monumento a la Revolución denunció una presunta ofensiva política encabezada por sectores de la “ultraderecha” de Estados Unidos. Señaló al Departamento de Justicia y las investigaciones que sigue contra políticos mexicanos, con una supuesta intención de influir en la elección de 2027. El endurecimiento coincide con la presión de Washington sobre Morena y particularmente sobre figuras mediante las cuales se financiaron varias campañas, como la de Rubén Rocha Moya.
El mensaje fue más allá de una defensa convencional de la soberanía. La presidenta sostuvo que detrás de las “campañas de desinformación” y de las acusaciones contra funcionarios mexicanos existen “sectores conservadores nacionales e internacionales”. Cuestionó si las investigaciones promovidas desde Estados Unidos buscan realmente combatir a la delincuencia organizada o si forman parte de una estrategia para influir en la vida política mexicana. La frase más delicada llegó cuando advirtió que primero vienen por unos actores políticos y después por otros, hasta que oficinas del Departamento de Justicia terminan convirtiéndose en el principal elector de México.
Este lunes intentó matizar sus dichos. Dijo que no considera que el presidente Donald Trump encabece personalmente una ofensiva contra México y atribuyó las presiones a grupos de la ultraderecha estadounidense aliados con sectores conservadores mexicanos. Sin embargo, si las críticas están dirigidas al Departamento de Justicia, a los fiscales federales, a las agencias de seguridad o a funcionarios republicanos, inevitablemente involucra a la administración de Trump y al propio presidente, que ha dicho una y otra vez que México está controlado por los grupos criminales, considerados terroristas.
El deterioro en la relación puede rastrearse desde abril, cuando dos agentes estadounidenses murieron en Chihuahua durante un operativo relacionado con un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. La reacción inicial de Sheinbaum sorprendió en Washington. Antes que expresar condolencias, exigió explicaciones sobre la actuación de personal estadounidense en territorio nacional. La Casa Blanca respondió por conducto de la vocera Karoline Leavitt, quien cuestionó la falta de solidaridad mostrada por el gobierno mexicano.
Después vinieron las declaraciones del director de la DEA, Terry Cole, sobre la presunta complicidad histórica entre organizaciones criminales y funcionarios mexicanos. Llegaron también las investigaciones del Departamento de Justicia relacionadas con Sinaloa y el caso de Rocha Moya, que colocó por primera vez a un gobernador de Morena en el centro de una ofensiva judicial estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Trump ha insistido en que los cárteles ejercen control sobre amplias regiones mexicanas y ha advertido que Estados Unidos actuará para proteger su seguridad nacional si México no enfrenta con mayor contundencia a esas organizaciones. Marco Rubio, legisladores republicanos, fiscales y funcionarios de seguridad han seguido una línea similar. El mensaje es que el problema ya no se limita a los grupos criminales, sino que alcanza a sectores de la estructura política mexicana.
Ahí aparece la contradicción más delicada para Sheinbaum. Defender la soberanía nacional es una posición legítima. También lo es exigir que agencias extranjeras actúen dentro de los marcos legales establecidos. Pero presentar cualquier investigación judicial estadounidense contra funcionarios mexicanos como una operación política corre el riesgo de desplazar el debate de los hechos a la confrontación ideológica.
La reacción del embajador Ronald Johnson pareció responder justamente a ese punto. Sin mencionar a la Presidenta, escribió en X que la lucha contra los cárteles debe unir a ambos países y no convertirse en una disputa política. Añadió que cada momento dedicado a politizar ese desafío común representa una oportunidad perdida para fortalecer la cooperación y proteger a la población.
La pregunta es quiénes integran esa supuesta “ultraderecha” a la que se refiere la presidenta. Porque si en esa categoría entran funcionarios del Departamento de Justicia, agencias de seguridad, congresistas republicanos y miembros del gabinete de Trump, el conflicto es con una parte relevante de quienes hoy gobiernan Estados Unidos.
El endurecimiento del discurso de Sheinbaum coincide con una disputa cada vez más visible dentro de Morena entre quienes privilegian una relación funcional con Estados Unidos y quienes consideran que la confrontación fortalece políticamente al movimiento. En ese contexto aparece Omar García Harfuch, uno de los funcionarios mexicanos con mejor interlocución con las agencias estadounidenses y uno de los perfiles más aceptables para los sectores moderados de ambos países.
Sheinbaum había sido pragmática. Contuvo las presiones arancelarias, negoció temas migratorios y mantuvo abiertos los canales de cooperación en seguridad. Pero la presión proveniente de Washington parece acercarla cada vez más al sector más ideologizado de la 4T, donde están Martí Batres, Gerardo Fernández Noroña, Clara Brugada, Jesús Ramírez Cuevas, Citlalli Hernández y Ariadna Montiel, acompañados por figuras como Pedro Miguel y Rafael Barajas “El Fisgón”. Para ese grupo, la disputa con Estados Unidos no representa un problema diplomático sino una oportunidad política. Mientras los moderados buscan preservar canales de interlocución, los sectores más duros prefieren convertir cada acusación o presión externa en una nueva batalla contra el “intervencionismo” estadounidense.
¿En qué lugar de la historia va a colocarse la presidenta Sheinbaum: en el pragmático, de estadista, o en el ideológico-radical?
Posdata 1
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que Estados Unidos está construyendo un nuevo sistema comercial basado en aranceles permanentes y protección industrial, muy distinto al modelo de libre comercio que predominó durante las últimas tres décadas. La afirmación implica que la negociación ya no se enfoca únicamente en el T-MEC, sino en la forma en que México conservará acceso preferencial al principal mercado del mundo frente a un entorno cada vez más restrictivo.
Lo que está planteando Estados Unidos es una reorganización de las cadenas de suministro bajo criterios de seguridad nacional y contenido regional. Para la industria automotriz, el gobierno de Trump quiere 50% de contenido estadounidense. En ese contexto, la prioridad mexicana dejó de ser eliminar todos los aranceles y pasó a garantizar que las exportaciones nacionales mantengan mejores condiciones que las de países asiáticos que compiten por atraer inversiones manufactureras. El lado positivo es que la revisión del T-MEC sí podría ser una discusión eminentemente técnica y no política.
No obstante, Ebrard también buscó enviar un mensaje de certidumbre sobre el tema de seguridad, al decir que los asuntos relacionados con el combate al narcotráfico y la cooperación en materia de seguridad seguirán una ruta distinta a la de la revisión comercial y que no formarán parte de la negociación formal del T-MEC. En Washington, sin embargo, cada vez es más difícil separar ambas agendas. La administración de Trump ha vinculado de manera recurrente el comercio con la seguridad fronteriza, el tráfico de fentanilo y la actuación de los gobiernos frente a los grupos criminales.
Para México el reto es mayúsculo. Cerca de ocho de cada diez dólares que exporta el país tienen como destino Estados Unidos y buena parte del crecimiento económico reciente ha estado relacionado al fenómeno de relocalización de empresas. Lo que ocurra en las rondas de negociación de junio y julio en Washington definirá si México conserva esa ventaja competitiva dentro de Norteamérica o si comienza a enfrentar mayores barreras para acceder a su principal mercado.
Posdata 2
México recibió 19 mil 676 millones de dólares en remesas entre enero y abril de 2026, un nuevo máximo histórico para un primer cuatrimestre. La cifra se conoce precisamente cuando el gobierno de Donald Trump puso bajo mayor vigilancia el sistema financiero utilizado por millones de migrantes para enviar dinero a sus países de origen.
El récord de remesas confirma la relevancia económica de estos recursos para México. El crecimiento fue de 2.6% anual y el monto promedio por envío alcanzó los 401 dólares. Más relevante aún, por cada dólar de nueva Inversión Extranjera Directa que ingresó al país en el periodo, llegaron 8.2 dólares por remesas.
El endurecimiento de los controles financieros en Estados Unidos no implica una prohibición de las remesas, pero sí mayores exigencias de identificación, monitoreo y verificación de operaciones. Bancos, remesadoras y plataformas de transferencia enfrentarán reglas más estrictas bajo la lógica de combatir estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales. La preocupación de las autoridades estadounidenses es que parte de estos mecanismos puedan ser aprovechados para mover recursos ilícitos mediante operaciones fragmentadas y cuentas de terceros.
Para México el asunto tiene implicaciones económicas y políticas. Estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero dependen en gran medida de estos recursos para sostener el consumo y el ingreso familiar. El desafío para el gobierno de Claudia Sheinbaum será evitar que una estrategia diseñada en Washington para combatir al crimen organizado termine afectando a millones de migrantes que utilizan canales legales para apoyar a sus familias.
Posdata 3
A unas semanas del arranque formal de la temporada vacacional de verano, Guerrero cerró mayo con una ocupación hotelera promedio de 82.9%, una cifra que fortalece la recuperación sostenida de su principal actividad económica. Acapulco registró una ocupación de 85.9%, mientras que Ixtapa alcanzó 88.7%, colocándose entre los destinos de playa con mayor demanda del país. Destacó la zona Dorada de Acapulco, que prácticamente operó a su máxima capacidad con 97.4% de ocupación, seguida de la Bahía Histórica con 84.1% y la zona Diamante con 69.8%.
A casi tres años de la devastación causada por Otis, el puerto ha logrado recuperar una parte importante de su oferta de hospedaje y servicios, impulsado por inversiones privadas, recursos federales y estatales, así como por una intensa promoción turística. El repunte también coincide con una mejora en diversos indicadores de seguridad que han contribuido a recuperar la confianza de visitantes nacionales.
Para el gobierno de Evelyn Salgado, el comportamiento del sector turístico representa uno de los principales activos de su administración. El turismo aporta una parte sustancial de la actividad económica de Guerrero y genera miles de empleos directos e indirectos en Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco. La expectativa ahora está puesta en las vacaciones de verano, que históricamente representan uno de los periodos de mayor derrama económica para la entidad y que servirán como una prueba para medir si la recuperación observada en los últimos meses logra consolidarse durante la segunda mitad del año.
@MarioMal
