Coalición Mexicana fijó una postura crítica ante las recientes declaraciones de la diputada María Isabel Rodríguez
Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas
En el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), la Coalición Mexicana fijó una postura crítica ante las recientes declaraciones de la legisladora local María Isabel Rodríguez, del partido Morena.
En este sentido Samantha Arellanes Balderas, cosecretaria trans-nacional de la organización, advirtió que usar la tribuna pública para emitir expresiones de rechazo discriminatorias trasciende la libertad de expresión y se convierte en un discurso de odio que vulnera directamente las garantías individuales de poblaciones históricamente segregadas.
La activista puntualizó que, si bien cualquier ciudadano tiene derecho constitucional a emitir opiniones personales, la responsabilidad legal de una diputada desde su curul exige un estricto apego al marco normativo vigente.
Manifestó que el problema de fondo radica en que estas posturas de exclusión se realicen ejerciendo un cargo de elección popular y desde el propio recinto legislativo, lo cual atenta contra la dignidad humana y fomenta la polarización social en la entidad.
Arellanes Balderas hizo un llamado enérgico a respetar el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la separación Iglesia-Estado.
Señaló que el Estado laico debe mantenerse intacto y que los representantes populares bajo ninguna circunstancia pueden guiar su labor legislativa bajo dogmas religiosos si se busca el progreso social, insistiendo en que las leyes y políticas públicas deben ser completamente civiles.
Asimismo, subrayó que la agenda de inclusión debe ser transversal e integral, explicó que el respeto tiene que ser la columna vertebral de la sociedad, argumentando que, si se respeta a la diversidad sexual, también se protege a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a los pueblos indígenas.
Cuestionó los argumentos que pretenden recluir la diversidad al ámbito privado, asegurando que los derechos humanos son colectivos y públicos.
Finalmente, respaldó la intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), instancia que inició una investigación de oficio y emitió un exhorto para que la legisladora reciba capacitación obligatoria en la materia y ofrezca una disculpa pública, recordó precedentes como las sanciones federales a diputados y denuncias en Morelos contra ministros de culto, concluyendo que las instituciones deben ser garantes de la igualdad social.
