Por: Edgar Hernández Ramírez
Buscar no basta; la deuda forense
El caso de “Los 7 de la Urvan” condensa el problema de las desapariciones en Chiapas. Siete personas desaparecieron el 23 de noviembre de 2024 en la región Centro del estado y, casi 21 meses después, sus familias siguen exigiendo algo elemental: que los lugares de búsqueda se preserven, que los indicios no se alteren y que se informe qué restos fueron recuperados y qué se hace para identificarlos. Los colectivos denunciaron recientemente que el predio entre Emiliano Zapata y Acala careció de vigilancia permanente, que sus sellos fueron retirados y que incluso había personas habitándolo antes de una nueva intervención. No afirman que la evidencia haya sido contaminada; preguntan si fue protegida.
El cuestionamiento de fondo no es por qué un expediente avanza despacio, sino por qué el sistema parece diseñado para llegar tarde.
Chiapas registra oficialmente 2 mil 028 personas desaparecidas, mientras organizaciones civiles sostienen que el universo real podría ser mucho mayor. Colectivos han advertido que muchas familias ni siquiera denuncian por miedo. En mayo, madres buscadoras reportaron restos calcinados y posibles fosas en Berriozábal y Pujiltic; en agosto, nuevas denuncias anónimas condujeron a restos humanos en Chiapa de Corzo. Con demasiada frecuencia, la pista que mueve una búsqueda nace de una llamada, una red social o del trabajo de las familias, no de una investigación institucional.
Ese es el primer cuello de botella: un modelo reactivo. La familia denuncia, insiste, consigue pistas, presiona y acompaña excavaciones; la autoridad entra después. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado a escala nacional sobrecarga procesal, retrasos, débil coordinación entre fiscalías y comisiones de búsqueda, aplicación desigual de protocolos y transferencia de tareas hacia las propias familias.
El segundo problema es forense. Encontrar restos no equivale a identificar personas; entre ambos momentos están la preservación del sitio, cadena de custodia, antropología, genética, muestras familiares, cruces de bases de datos y dictámenes. Si falla un eslabón, el tiempo se extiende. En Pujiltic, las buscadoras dijeron haber necesitado maquinaria que no estuvo disponible desde el inicio y denunciaron trámites tortuosos para obtener acompañamiento de la Fiscalía. La FGE informó que los restos serían sometidos a análisis genéticos.
El tercer obstáculo es institucional: existen leyes, protocolos, fiscalías y comisiones, pero no siempre funcionan como un solo sistema. La organización Fundar ha documentado información dispersa, débil articulación entre autoridades y una infraestructura forense nacional cuya capacidad real sigue siendo insuficiente.
En Chiapas el problema se agrava porque las desapariciones se cruzan con crimen organizado, desplazamiento, trata, reclutamiento y rutas migratorias. En 2026, familiares de migrantes centro y sudamericanos desaparecidos desde 2024 viajaron desde otros países para recorrer cárceles, hospitales, albergues y comunidades ante los escasos resultados de sus denuncias.
La salida no es multiplicar fichas ni organizar brigadas esporádicas. Se necesita búsqueda inmediata sin burocracia, análisis permanente de contexto, preservación profesional de sitios, capacidad forense suficiente, bases genéticas interoperables, investigación criminal paralela y coordinación obligatoria entre Fiscalía, Comisión de Búsqueda y fuerzas de seguridad.
Mientras las familias sigan encontrando pistas antes que el Estado, el sistema podrá decir que busca, pero difícilmente podrá sostener que es eficaz.
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