*Aseguró que se disculpará públicamente si las autoridades combaten eficazmente el crimen al interior de los centros penitenciarios.
Marco Antonio Hernández Castro
Tapachula.— En un acto de protesta y fijación de postura ante la Fiscalía General del Estado (FGE), el defensor de derechos humanos y activista del sur de México, Luis García Villagrán, se declaró dispuesto a hincarse y pedir disculpas públicas a los mandos de seguridad del estado, siempre y cuando se erradique de manera real la corrupción, el autogobierno y el cobro de cuotas en los 14 centros de reinserción social que operan en Chiapas.
Esto surge luego de que el activista acudiera a interponer una denuncia de hechos ante la FGE, en respuesta a una acción legal promovida en su contra por Francisco Javier San Martín Flores, director del Centro de Reinserción Social Número 3 (CERESO) de Tapachula.
García Villagrán, quien acreditó su labor mediante la representación de una asociación civil y su adscripción al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), dirigió su mensaje al titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, así como a la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales.
«Le decimos al señor director con todo el debido respeto, al subsecretario y al secretario de Seguridad, don Óscar Aparicio Avendaño, que le vamos a pedir disculpas cuando empieze a combatir la venta al interior de los CERESOS y si se empieza a combatir el autogobierno y a los ‘precisos’. De rodillas les pido disculpas si lo inician y lo empiezan a hacer», expresó el activista.
El defensor enfatizó que la presencia de sustancias prohibidas, la intermediación ilícita y la figura de los «precisos» internos que ejercen el control violento de los módulos representan un grave perjuicio para el sistema penitenciario chiapaneco. Asimismo, aseguró que la sociedad y las organizaciones civiles reconocerán el trabajo de los funcionarios públicos en el momento en que se observen resultados concretos en la materia.
Ante el clima de confrontación e intimidación que señala existir en su contra, García Villagrán responsabilizó a las autoridades de cualquier represalia legal o física, al tiempo que reafirmó su postura y convicción de continuar con su labor en la frontera sur.
«Si me quieren inventar algún delito, me lo pueden inventar; si me quieren mandar a matar, mándenme a matar. Nosotros dependemos del Dios Todopoderoso, no de la Fiscalía ni de la Secretaría de Seguridad Pública», concluyó.
