Rubén Moreira exige protección para diputada de Sinaloa, Paola Gárate, tras recibir corona funeraria

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados pidió protección para la legisladora Paola Gárate, quien recibió el miércoles, en la puerta de su casa en Sinaloa, una corona funeraria.

También demandó que se investigue el caso y se actué con firmeza para evitar que “la violencia política siga escalando”.

Los legisladores federales del PRI condenaron el hecho al que calificaron como una amenaza y un acto intimidatorio en contra de la diputada local de Sinaloa, quien ha denunciado la intervención del crimen organizado en los procesos políticos, y “la nula actuación de las autoridades estatales frente a la ola de violencia existente, y sus vínculos con la delincuencia”.

Rubén Moreira, coordinador de la bancada, manifestó su solidaridad con la sinaloense y solicitó a la Comisión Permanente hacer un llamado urgente al Gobierno Federal para que, de manera inmediata, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional, se implementen las medidas necesarias para brindar protección y seguridad a Paola Gárate y su familia.

En un Punto de Acuerdo, demandó que la Fiscalía General de la República atraiga el caso y realice una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los responsables.

Moreira pidió garantizar la vida, la integridad y el pleno ejercicio de los derechos de la diputada.

 “La defensa de la legalidad, de la libertad de expresión y de la representación popular exige que quienes ejercen la función legislativa puedan hacerlo sin amenazas, sin presiones y sin poner en riesgo su integridad personal y la de sus seres queridos”, subrayó.

En redes sociales, los diputados federales priístas consideraron que el acto intimidatorio contra su correligionaria busca sembrar miedo y silenciar voces que ejercen legítimamente su derecho a señalar aquello que lastima y preocupa al pueblo.

La violencia, la intimidación y las amenazas, señalaron, no pueden ser el lenguaje ni el mecanismo para acallar las denuncias ciudadanas. 

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