El Comité Internacional de la Cruz Roja señaló que la labor de búsqueda aún mantiene grandes pendientes para cumplir con las exigencias de las familias de las víctimas
Marco Alvarado / Diario de Chiapas
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para la delegación de México y Centroamérica advirtió que la localización de todas las personas reportadas como desaparecidas en el país sigue siendo el gran reto del Estado mexicano.
A pesar de la creación de instituciones específicas y de los esfuerzos realizados, la organización señaló que la labor de búsqueda aún mantiene grandes pendientes para cumplir con las exigencias de las familias de las víctimas.
María Elizondo Guajardo, asesora jurídica para el programa de personas desaparecidas del CICR, explicó que la institución acompaña y asesora de manera técnica a las distintas autoridades del Estado, fiscalías y secretarías involucradas en estas tareas.
Esta colaboración, que inició a nivel federal y estatal desde el año 2015, dio como resultado la participación del comité en la elaboración de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.
Asimismo, detalló que desde 2018 el CICR apoya directamente a las entidades federativas para implementar dicho marco jurídico.
“Esto nos ha llevado a trabajar directamente con las familias y los colectivos de búsqueda; en lo que nos centramos es en compartir con ellos sus derechos y que sepan cómo hacer uso del marco jurídico vigente”, enfatizó Elizondo Guajardo.
La representante del organismo internacional recordó que la búsqueda de las personas desaparecidas es una obligación ineludible, la cual debe realizarse de manera expedita, bien organizada y con objetivos concretos para evitar que los compromisos se queden únicamente en promesas.
Finalmente, la especialista remarcó la determinación de los colectivos civiles al asegurar que las familias mexicanas no detendrán sus labores de rastreo “hasta que encuentren” a sus seres queridos.
En este sentido, reiteró que las autoridades tienen el deber jurídico de acompañar, proteger y facilitar las herramientas necesarias para que este objetivo sea alcanzado.
