Michoacán, de los operativos a la narcopolítica
Jorge Fernández Menéndez
Hay muchos lugares del país donde el crimen se ha enseñoreado, donde la violencia y la extorsión son una norma, donde la narcopolítica se ha vuelto dominante. Pero creo que muy pocos alcanzan la categoría de Michoacán, donde el fenómeno está presente por lo menos desde los años 80 y no ha hecho más que profundizarse con mandatarios de todos los colores políticos. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años, sobre todo durante el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya ha alcanzado otras proporciones, exhibidas con claridad por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
La semana antepasada, Estados Unidos suspendió las inspecciones de las exportaciones de aguacate, uno de los principales negocios agrícolas del país, por las extorsiones que sufrían los productores y las presiones y amenazas contra los inspectores. En horas se decidió el envío a Michoacán de unos mil cien elementos militares y la implementación de un operativo especial en toda la región. Hubo varios golpes, primero el del R1, Ramón Ángel Álvarez Ayala, líder del CJNG en la zona y hermano de Roldán, ex presidente municipal de Apatzingán, líder de Morena en la región y enemigo político de Carlos Manzo.
Ayer, las fuerzas militares realizaron un operativo donde cayeron nueve integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán, en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, de los municipios de Tanhuato y Ecuandureo. Fue un durísimo golpe a la célula de los Guerreros, encabezada por Heraclio Guerrero Martínez, apodado el Tío Lako, que logró evadir el cerco, pero en la operación fueron detenidos sus principales sicarios, su hija y su pareja sentimental.
Hubo cinco criminales abatidos entre los que estaría otro de los hijos de este jefe del CJNG, uno de los principales responsables de los ataques contra elementos de la Guardia Nacional, después de la muerte de Nemesio Oseguera el Mencho. La operación en contra del Tío Lako generó también enfrentamientos y bloqueos en todo el estado, que fueron controlados horas después. Mientras tanto, la persecución de Guerrero Martínez continuaba al momento de escribir estas líneas.
No es un tema menor y es la demostración de que la lucha por la seguridad no tiene, como dijo ayer la presidenta Sheinbaum, un doble lenguaje sino dos vías diferentes. Tiene razón el director de la DEA, Terry Cole cuando elogia, por ejemplo, a Omar García Harfuch por compartir inteligencia, perseguir líderes criminales, interrumpir cadenas de suministro y desmantelar redes financieras y operativas, por trabajar juntos, como dijo, sobre el terreno y calificarlo como un socio confiable.
Tienen razón los mandos militares de Estados Unidos cuando reconocen ampliamente la colaboración con sus homólogos mexicanos, sobre todo con el ejército, en el Comando Norte, el control de las fronteras y en distintos operativos: las recientes visitas de mandos del Comando Norte, del departamento de Guerra, del estado mayor conjunto, los acuerdos para complementar y comprar equipos, lo certifican. El general Ricardo Trevilla en el ámbito militar y García Harfuch en el civil, se han convertido en interlocutores de primer nivel con Estados Unidos.
El problema es otro y se exhibe con la negativa a detener a Rocha Moya y los otros acusados de Sinaloa, en el tema de la visa de Andy López Beltrán y en muchos otros casos como el de Marina del Pilar Ávila y Adán Augusto López. Los avances reales que existen en seguridad se opacan y relativizan cuando desde el poder se niegan a desmantelar las redes de protección y complicidad política que se han convertido, creo que con razón, en el principal objetivo de las autoridades estadounidenses. Mientras esas redes persistan y se mantengan impunes, los grupos criminales están en condiciones de regenerarse.
Michoacán es un ejemplo evidente de ello: cuando era gobernador Lázaro Cárdenas Batel pidió el apoyo del entrante presidente Calderón para detener una oleada criminal que lo estaba rebasando. Desde mucho antes la presencia de grupos criminales enquistados en la política era una realidad: el primer reportaje que me tocó hacer sobre narcotráfico fue en 1989 en Aguililla y ahí gobernaban unos señores Valencia (me imagino que relacionados con los que luego conocimos como los cuinis) que detentaban la presidencia municipal por el entonces naciente PRD, en medio de varios plantíos de marihuana.
Desde que dejó la gubernatura Lázaro Cárdenas, todos los mandatarios michoacanos han sido acusados de relación con el crimen organizado: Leonel Godoy Rangel y su equipo estuvieron involucrados de lleno en el michoacanazo; Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García (interino) estuvieron relacionados con los Templarios; Salvador Jara Guerrero (sustituto) fue acusado por malos manejos financieros; Silvano Aureoles Conejo y Alfredo Ramírez Bedoya, tuvieron acusaciones de apoyar a uno u otro grupo criminal. A nivel de los municipios esa narcopolítica se hizo casi endémica.
Ese es el capítulo que hay que trascender y que se mantiene y fortalece cuando no se actúa de lleno contra las redes políticas de protección del crimen organizado. Mientras tanto, golpes como el dado ayer a uno de los principales operadores de los cárteles no dejan de ser una bocanada de oxígeno, pero ellos deben llevar necesariamente a sus beneficiarios.
