Las listas fascistas
Jorge Fernández Menéndez
“¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo. Ellos son los que hacían listas”. Era octubre de 2021, y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum así descalificaba a quienes elaboraban listas de adversarios políticos. Era en respuesta a un llamado, en redes, a documentar a personajes de Morena. El miércoles pasado el gobierno de la presidenta Sheinbaum a través de su consejera jurídica, Luisa María Alcalde (una propagandista sin preparación alguna en el derecho y ajena a su alta responsabilidad) dedicó toda una emisión de un programa, pagado con recursos públicos, a difundir su lista de enemigos del gobierno, con implícitas amenazas contra ellos.
Tenía razón la jefa de gobierno Sheinbaum, esa es una actitud fascista, lástima que ahora esas políticas se decretan desde el poder y utilizando recursos públicos.
Denunciar enemigos, y más con un movimiento, como es el de la 4T, penetrado por el crimen organizado, entraña todo tipo de peligros para los denunciados. La historia reciente del país está llena de casos donde la venganza por terceras personas responde a llamados, intencionados o no, realizados desde el poder. Durante el gobierno de López Obrador han sido asesinados 47 periodistas, en lo que llevamos de la actual administración suman 19.
Resulta difícil de entender cómo se llega a adoptar estas políticas colocándose en las antípodas de, aparentemente, toda una vida. Pero eso se explica mucho más cuando vemos como, incomprensiblemente, cuando aún no concluye el segundo año de mandato, se vive un ambiente de fin de sexenio.
Estamos viviendo un momento caracterizado por presiones económicas; un gasto público acelerado para cerrar, en este caso financiar, obras; una incapacidad de llevar adelante políticas de largo plazo, como el Plan México, básicamente por desconfianza empresarial en el propio gobierno; y por una falta de equilibrios en el ejercicio del poder. No sé si es el estilo personal de gobernar de la mandataria, pero algo, mucho, no está funcionando bien. Las mañaneras de los últimos días se han superado a sí mismas en tiros en el pie: el gobierno comete un error tras otro e intenta sacar adelante distractores que se le vuelven en su contra y le generan costos cada día más difíciles de asumir.
Desde la defensa del régimen de Daniel Ortega hasta los lineamientos de la ley censura, todo le ha salido mal, incluso ocultando los pocos espacios que pudieran llamarse exitosos de la actual administración, como la reducción del número de homicidios. Pero la tendencia constante al enfrentamiento, la polarización, la descalificación de todo tipo de adversarios, le genera costos enormes a un gobierno que vive amenazado por Estados Unidos por su negativa a actuar contra los políticos y funcionarios cómplices del narcotráfico; por las herencias que recibió de López Obrador y por su incapacidad de romper con las mismas para poder generar una convivencia y un crecimiento económico por lo menos aceptable.
Pero pocos capítulos han sido más desafortunados que los protagonizados por la consejera jurídica, Luisa María Alcalde, dando a conocer su lista con un centenar de enemigos del gobierno, a los que acusan de un verdadero complot en su contra. Esas listas fascistas que hace apenas cinco años, denunciaba la jefa de gobierno Sheinbaum y que ahora hace suyas la presidenta Sheinbaum.
Qué enorme capacidad de unificar a los que califica como sus enemigos, que en muchos casos son simplemente adversarios; de utilizar todo el poder del Estado para vulnerar derechos tan básicos como criticar al gobierno; cómo se desperdician oportunidades para tratar de convocar a muchos a sacar el país del profundo atolladero en que se encuentra.
El gobierno federal perdió el rumbo cuando hace 105 días el gobierno de Estados Unidos pidió la detención con fines de extradición acusados de relaciones con el narcotráfico del gobernador Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios del gobierno de Sinaloa. Había comenzado a perderlo desde la extracción de Ismael El Mayo Zambada hace dos años, cuando se percibió que en realidad las acusaciones apuntaban a López Obrador. Reaccionó construyendo un potente equipo de seguridad que ha trabajado para golpear a líderes y operadores del crimen organizado, pero que se topó con su principal y permanente escollo: la negativa a avanzar contra los políticos y funcionarios cómplices de esas organizaciones criminales.
Y entonces la medicina, recetada desde Palenque y administrada por Jesús Ramírez y los duros del movimiento, ha sido denunciar a todos sus adversarios como parte de una conjura externa, algo así como el famoso complot de López Obrador de 2005 pero en versión 2.0, sin comprender que cada vez que se adentran más en ese terreno, más débiles se tornan, interna y externamente.
La consecuencia es un ambiente de fin de sexenio en un gobierno que no llega a los dos años en el poder. Políticos que ya están haciendo campaña, debates internos sobre la sucesión para 2030; un desaforado apetito por la corrupción realizada apenas sin disfraces; incapacidad gubernamental para colocar a sus candidatos a gobernadores e incluso para mantener atadas sus alianzas; la utilización de la justicia para presionar a aliados y opositores, además de medios y periodistas; un enfrentamiento con nuestro principal vecino y socio comercial, que está condenado de antemano al fracaso; gobernadores y actores oficialistas que se mueven por la libre porque no hay operación política. Y como corolario a todo ello, listas fascistoides de enemigos.
