Pruebas y tramas del caso Rocha
Jorge Fernández Menéndez
Mientras el gobierno federal y la FGR siguen insistiendo en que no hay pruebas suficientes que involucren a Rubén Rocha y los otros nueve acusados por la justicia de Estados Unidos por sus relaciones con el cártel de Sinaloa; mientras se dice que “sólo” es un pedido de “una oficina de Nueva York” (sin comprender que se trata de una solicitud de detención con fines de extradición del departamento de Justicia de la Unión Americana, a partir de la investigación realizada en la Corte del distrito sur de Nueva York, una de las más importantes del país y que se especializa en este tipo de casos, el más reciente la acusación contra Nicolás Maduro), los testimonios contra Rocha y los otros inculpados se siguen acumulando, pero además en la trama se van enlazando otros actores y espacios, y Sinaloa se enlaza en esta historia cada vez más con Tamaulipas.
En mayo del 2025, faltaba muy poco para la extracción del Mayo Zambada, publicamos aquí que a fines de marzo de ese año, más de cien personas, familias completas, mujeres, ancianos y niños fueron secuestrados en una noche en Culiacán. El gobernador Rubén Rocha no se preocupó, esas, dijo “son cosas que pasan” en el estado. Días después aseguró que todos los secuestrados, 66 dijo que eran, habían aparecido con vida. En realidad, habían sido más de cien, y de muchos de ellos no se ha vuelto a saber nada. Del caso, por supuesto, no existen carpetas abiertas en la fiscalía estatal. Nadie hizo denuncia.
La historia es más compleja. Poco antes del secuestro, en Culiacán, en una casa que estaba en remodelación y que era propiedad de Iván Archivaldo Guzmán, “desaparecieron” 20 millones de dólares en efectivo que eran propiedad del líder de los Chapitos. Iván Archivaldo atribuyó el robo a los trabajadores y a los elementos de la policía ministerial del estado que estuvieron en el lugar y ordenó el secuestro de todos los involucrados y sus familias para tratar de recuperar el dinero.
Fuentes locales aseguran que el gobernador Rocha se comunicó con Iván Archivaldo para que regresara lo más pronto posible a las mujeres y los niños porque el tema se había convertido en un escándalo nacional. El que organizó el encuentro, todo según fuentes sinaloenses, fue el entonces secretario de finanzas del estado, Enrique Díaz (ahora también con pedido de detención por la justicia estadounidense), que según esta misma versión era el que mantenía el contacto directo del gobierno estatal con los hijos del Chapo. La reunión entre el gobernador y los chapitos se dio en la casa de Díaz, en el fraccionamiento Álamos. En la reunión se decidió liberar a los familiares y liquidar a los directamente involucrados en el robo del dinero de Iván Archivaldo. Esos son los desaparecidos que nunca regresaron.
Como parte del acuerdo para la liberación de los secuestrados, se le entregó a los chapitos el control de las juntas de agua potable (un instrumento poderosísimo en el estado) particularmente las de Mazatlán, Culiacán, Salvador Alvarado y los módulos de riego del centro y el norte del estado. Los propios chapitos fueron quienes hicieron las designaciones que fueron confirmadas por el gobierno estatal. En contraparte, como ya había ocurrido en 2021, la organización criminal se comprometió a involucrarse de lleno en la elección del 2 de junio del 2024.
La relación era añeja: por lo menos desde 2018, según la acusación de la justicia estadounidense Rocha y su equipo ya trabajaban con los Chapitos. Para 2021 se acordó la operación de lleno en el proceso electoral local. Por eso esta historia se relaciona con otra.
A partir del asesinato de Sergio Carmona, en noviembre de 2021, comenzó a develarse una red de cuentas secretas para lavado de dinero en distintos paraísos fiscales con cantidades millonarias que se supone que era para apoyar procesos electorales y proyectos políticos de candidatos de Morena. Una de esas campañas fue la de Sinaloa.
El delegado de Morena en Sinaloa para los comicios en los que fue elegido Rocha, era el ahora gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal. En Sinaloa, no sólo hubo financiamiento altamente sospechoso e ilegal, parte del cual circuló a través de cuentas del hijo del ahora gobernador tamaulipeco, sino también toda una operación, ya divulgada en detalle, del cártel de Sinaloa en contra de la alianza PRI-PAN-PRD, que secuestró a los operadores electorales de la alianza opositora.
Días después del asesinato de Sergio, su hermano Julio Carmona se entregó a la justicia estadounidense y se acogió al sistema de testigos protegidos. El Departamento del Tesoro de los EE.UU terminó descubriendo una amplia red de cuentas bancarias con más de 60 de millones de dólares. La fortuna de los hermanos Carmona, producto del contrabando de combustible, según medios estadounidenses que citan fuentes de la Unión Americana, superaría los dos mil millones de dólares.
Sergio Carmona tenía varias cuentas en las Islas Caimán, los Países Bajos y las Islas Bermudas. La misma investigación descubrió operaciones con uno de los hijos de Américo Villarreal, Humberto Francisco Villareal Santiago, con una transferencia de más de 20 millones de dólares a mediados del 2021, antes de las elecciones de ese año en Sinaloa, donde su padre, Américo, era delegado de Morena. Ese dinero, suponen los investigadores estadounidenses, se utilizó en los comicios sinaloenses. Toda esta trama es parte de la investigación de la justicia estadounidense que la FGR dice que no consta de pruebas ni es de urgente resolución.
