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El hallazgo de una granja clandestina de criptomonedas en una comunidad remota de Puebla ha abierto una nueva línea de investigación sobre el robo masivo de electricidad en México. La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla ha informado que el principal delito que investiga es el robo de energía y que ampliará las pesquisas en municipios aledaños en busca de instalaciones similares, luego de que desmantelaran una instalación compuesta por unos 300 equipos de cómputo dedicados a la minería de activos digitales y conectada de forma ilegal a una presa que forma parte de un complejo hidroeléctrico federal.
Francisco Sánchez, titular de la dependencia estatal, ha explicado este lunes que la granja fue localizada en el municipio de Tlaola, en la Sierra Norte de Puebla: una pequeña comunidad de unos 20.000 habitantes. “Esta actividad consume mucha energía y produce mucho ruido, por eso se buscan lugares alejados y muy remotos de las comunidades. Esto nos alertó”, agregó a periodistas. “Teníamos un seguimiento que en esa zona del Estado se llevaba a cabo esta actividad, sobre todo por la cercanía de la presa [de Nuevo Necaxa]. Había una acometida de grandes dimensiones”, añadió.
El funcionario ha agregado que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) forma parte de las averiguaciones, que siguen avanzando junto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina. “El delito es el robo de energía eléctrica. Hay Estados vecinos donde se lleva a cabo esta actividad ilícita”, añadió, aunque sin precisar cuáles.
La minería de criptomonedas, un proceso que usa equipos informáticos para resolver operaciones matemáticas complejas para validar transacciones y obtener recompensas en activos digitales, no está prohibida en México. Lo que sí constituye un delito es el llamado huachicoleo de energía. La investigación se desarrolla mientras la CFE intensifica los operativos para combatir las pérdidas derivadas del robo de electricidad. Entre enero y julio de 2024 —el último periodo con cifras disponibles de CFE Distribución sobre pérdidas no técnicas— se registraron 6.346 GWh asociados a robos, alteración de medidores y conexiones ilegales, con un valor comercial estimado en 13.800 millones de pesos (unos 817 millones de dólares).
Durante el operativo, las autoridades aseguraron una infraestructura eléctrica y tecnológica de gran escala que incluía transformadores, terminales de media tensión, 300 equipos de cómputo especializados (GPU) y antenas de internet satelital en funcionamiento. La hipótesis del lavado de dinero no ha sido descartada. “Las autoridades analizan si los activos virtuales generados mediante esta infraestructura pudieron haber sido utilizados para dar apariencia de legalidad a recursos relacionados con actividades ilícitas”, informó el Gobierno de Puebla en la víspera.
El operativo coincide con un mayor escrutinio sobre las criptomonedas como herramienta para el blanqueo de capitales del crimen organizado. Cada vez más, las monedas virtuales son utilizadas para mover fondos entre usuarios financieros y países con rapidez, bajos costos y discreción. En 2025, las autoridades locales y federales desmantelaron otros tres centros de minería detectados entre Puebla y Tlaxcala.
De acuerdo con la unidad de investigación de SILIKN, una firma mexicana de ciberseguridad, el uso de criptoactivos para el lavado de dinero aumentó al menos un 55,8% en 2025, especialmente mediante monedas como bitcoin, Monero y Tether (USDT). La unidad sostiene que organizaciones como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) las utilizan para mover recursos y adquirir insumos, aprovechando la rapidez y el grado de anonimato que ofrecen.
