Mario Caballero
Una presunta saqueadora bajo la lupa
Una buena y una mala.
La buena, la Auditoría Superior de la Federación está revisando en este preciso momento el ejercicio 2023 de la gestión de Rosa Irene Urbina Castañeda, quien es señalada como una de los peores presidentes municipales en la historia moderna de Tapachula.
La mala es que como actual diputada federal integra la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, grupo que se encarga de revisar que el órgano fiscalizador haga bien su trabajo. Es decir, vigila al “vigilante” del dinero público.
Para mayor inri, su hijo Javier Eduardo Rubiera Urbina desempeña el cargo de Director de Dictaminación C.2 dentro de la Auditoría Superior, área encargada de los procesos de fiscalización.
O sea, la esperanza de que Rosy Urbina sea llamada a rendirle cuentas a la justicia por el daño que le hizo al pueblo tapachulteco, podría perderse en el laberinto de las complicidades y el conflicto de interés.
PARADOJA
Alguna vez escuché la frase “México está como está por sus mismas leyes y por su incapacidad de saber aplicarlas”. Tiene sentido. Si no avanzamos en materia de combate a la impunidad es por los océanos legales que existen en la legislación, los cuales muchas veces son colocados adrede, y, sin duda alguna, por la habilidad de nuestra clase política para torcer la norma en su propio beneficio.
Es una paradoja que Rosy Urbina integre la Comisión de Vigilancia, la cual supervisa al organismo que hoy audita sus propias cuentas como exalcaldesa de Tapachula, y que su hijo esté en el área clave de investigar si ella hizo mal uso del presupuesto público. No debería extrañarnos que al final de esta auditoría, Javier Eduardo se gane el premio al hijo del año por encubrir la corrupción de su madre.
Por eso estamos como estamos. Mientras nuestras leyes no pongan mejores candados para impedir el nepotismo y éste no se castigue conforme la Ley Federal de Austeridad Republicana, el ciclo de impunidad en México jamás cesará.
MÁS CLARO NI EL AGUA
Sin embargo, no hay que dejar de festejar que una servidora pública en funciones sea puesta bajo la lupa por la corrupción denunciada en su responsabilidad anterior. Esto nos demuestra que entre el mundo de gente en la clase política todavía hay algunos que quieren hacer las cosas bien.
Esperemos que, tras denunciar el probable conflicto de interés en este caso, dicha investigación de la ASF no presente irregularidades en su realización, alteraciones y trampas que impidan el acceso a la justicia. Porque si algo es imposible de ocultar o borrar de la memoria colectiva son los abusos cometidos por Urbina Castañeda, los presuntos desfalcos a las arcas municipales y el enriquecimiento sospechoso de su familia.
Recordemos que su ascenso a la presidencia municipal de Tapachula, en 2020, ocurrió ante el fallecimiento de Óscar Gurría. ¿Y cuál fue su primera acción de gobierno?
No fue ajustar el presupuesto, ni abrir las puertas del gobierno para atender a la ciudadanía, tampoco proponer medidas de solución a las diversas necesidades de la población, sino encaminar sus aspiraciones para reelegirse en el cargo en 2021.
Casi al siguiente día de haber rendido protesta, su nombre e imagen fue difundida en los recibos del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula, acción que configuró una clara violación al artículo 134 constitucional que impide a los funcionarios hacer promoción personalizada con recursos públicos.
Pero con ello, Rosy Urbina apenas hacía calentamiento.
Reportes periodísticos señalan que la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas carpetas de investigación en su contra que involucran el presunto uso indebido de atribuciones, así como fraudes y abuso de autoridad vinculados a su estructura política en la región del Soconusco.
¿Ejemplos?
Entre las muchas acusaciones está el tema de nepotismo. De acuerdo con diversos señalamientos, incorporó a varios miembros de su familia directa, asimismo parientes de su círculo cercano y colaboradores íntimos, en puestos clave dentro de la estructura municipal y nómina oficial.
Uno de sus familiares fue su esposo Tomás Rubiera Espadas, quien fue acusado por medios locales y figuras políticas de operar las obras públicas e intervenir en las decisiones del Ayuntamiento. Presuntamente, coordinaba y asignaba los contratos de manera directa a empresas constructoras aliadas o vinculadas a su familia, obteniendo con ello un beneficio indirecto del presupuesto.
Una de esas empresas es la constructora Asturias Construcciones y Proyectos, S.A. de C.V., de su propiedad, que recibió de manera directa y sistemática decenas de millones de pesos en contratos de obra pública.
Por mencionar un dato más al respecto, Urbina Castañeda ordenó la creación de plazas a modo en dependencias como el Sistema DIF Municipal y en áreas de atención ciudadana. Se dice que muchos de esos puestos fueron ocupados por sus hijos y hermanos, y otros sirvieron para colocar a las redes familiares de sus colaboradores que cobraban sin trabajar.
Aparte, se le acusa de desviar recursos públicos para financiar proyectos políticos de su grupo compacto. En ese grupo se encuentra el diputado local Jesús Domínguez Castellanos, quien supuestamente operó con recursos del municipio la campaña política de Adán Augusto López Hernández en Chiapas a la candidatura presidencial de Morena.
Según denuncias de los mismos trabajadores municipales, el desvío de dinero se operó a través de contratos de obra, de los cuales una buena cantidad fue a parar a las manos de Domínguez Castellanos. Por eso, en Tapachula hay decenas de obras inconclusas y muchas otras terminaron siendo proyectos fantasmas.
Otro botón de muestra es la sanción administrativa directa que recibió Rosy Urbina el 25 de agosto de 2023 por promoción personalizada. El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana acreditó su responsabilidad por el uso de recursos en propaganda electoral a su nombre, la cual consistía en propaganda en pinta de bardas.
Como dato adicional, la Auditoría Superior del Estado le hizo observaciones en la Cuenta Pública 2021-2024, a las que catalogó como “falta grave de transparencia general”. El órgano de fiscalización local detectó carencia de comprobación fiscal de gastos operativos en servicios públicos como basura y agua potable.
LA AUDITORÍA DE LA ASF
Actualmente, Rosy Urbina está bajo la mira de la Auditoría Superior de la Federación por un importe observado de 7 millones 223 mil 312 pesos de la Cuenta Pública 2023.
De acuerdo con la auditoría 630/2023, su gestión no acreditó la adquisición y correcta instalación de luminarias públicas del municipio. Y bajo el expediente de investigación PPRA/DCC/DICLI/004/2025 se le vincula por otras anomalías financieras bajo su mandato.
IMPACTO
Este caso impacta de manera directa el discurso de honestidad de Morena y profundiza la crisis de confianza en los órganos de fiscalización debido al evidente conflicto de interés del que hemos hablado antes.
Mientras no exista un deslinde claro y una separación contundente entre las responsabilidades individuales de Rosy Urbina y la operación autónoma de la ASF, la legitimidad tanto del partido gobernante como del árbitro fiscal del Estado quedará bajo sospecha.
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