Mario Caballero
Ojalá cumpla su palabra
La unción de Ariadna Montiel Reyes como nueva dirigente nacional de Morena trajo varios mensajes, dos en especial: el llamado a la unidad y el combate frontal a la corrupción. Me concentraré en el segundo.
Así lo dijo: “Esta dirigencia no tolerará la corrupción en ningún gobierno de Morena”, “quienes aspiren a ser candidatos en 2027 deben tener una trayectoria impecable”, “somos la revolución de las conciencias” y “si tenemos certeza de que alguien comete un acto de corrupción, aunque haya ganado la encuesta, no será candidato”.
SUENA BONITO, PERO…
La verdad, la nueva dirigente no dijo nada nuevo. Desde hace muchos años hemos venido escuchando ese mismo mensaje. Primero con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, fundador y líder moral del partido. Luego con los que lo sucedieron en el liderazgo partidista. Sin embargo, en los hechos las cosas han sido muy diferentes.
La promesa de combatir la corrupción del gobierno (así como se barren las escaleras) y castigar la impunidad de los funcionarios públicos fueron las principales banderas del movimiento conocido como la cuarta transformación. Y bajo esa promesa Morena llegó al poder, le arrebató al PRI, PAN y PRD los gobiernos estatales que conservaban hasta el 2018, capturó las mayorías en ambas cámaras legislativas y, para decirlo suave, reconfiguró el mapa político nacional.
¿Qué ha sido de dicha promesa? Al ojo de muchos, puro jarabe de pico.
El historiador y político Lord Acton decía que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Tenía razón.
El mucho poder acabó con el PRI. Una probadita de doce años en el poder exhibió que los panistas también eran propensos a extraviar sus ideales “humanistas” y en “defensa de la dignidad humana”. Ahí están, por ejemplo, las toallas y sábanas que se compraron durante la presidencia de Vicente Fox por un costo de más de cuatro mil dólares, o los contratos multimillonarios de los hijos de Martha Sahagún, o el financiamiento con dinero público de gobiernos locales en beneficio de varias empresas vinculadas a panistas como Roberto Gil Zuarth, Ernesto Cordero, Salvador Vega Casillas y Alejandra Sota, por más de 120 millones de pesos, etcétera.
Llegaron al poder con el aval de los mexicanos, confiando en que harían las cosas diferentes, que promoverían un cambio en la vida pública, trabajando por el bien del pueblo. Al final, terminaron en la basura de la historia como partidos corruptos y saqueadores.
Morena, desde que asumió el poder, no ha sido diferente.
Fueron ellos, no nosotros, los que dijeron que no eran iguales a los políticos del pasado. Dieron su palabra de ser implacables ante cualquier denuncia por corrupción. Inclusive, López Obrador dijo que no sería tolerante con nadie, y que si algún miembro de su familia resultaba acusado por mano larga le dejaría caer todo el peso de la ley.
Puro jarabe de pico.
Cuando Ignacio Ovalle fue implicado en el desfalco de más de 15 mil millones de pesos (el doble de la llamada “estafa maestra” en el gobierno priista de Enrique Peña Nieto), López Obrador fue el primero en salir a defenderlo, argumentando que las acusaciones eran falsedades de sus adversarios, calumnias para desacreditar a su gobierno y que los verdaderos operadores del fraude habían sido priistas.
Al respecto, no aportó ninguna prueba de las acusaciones hacia los políticos del PRI y tampoco sentó a su colaborador en el banquillo de los acusados. Todo lo contrario, a pesar de las 22 denuncias en su contra y los señalamientos como el principal responsable del desfalco, reubicó a Ovalle en una dirección de la Secretaría de Gobernación.
Ni hablar de los hijos del expresidente, embarrados hasta la ingle en supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias, destacando la red de amigos en el caso del balastro para el Tren Maya (Andy y Gonzalo), el “huachicol fiscal” (Andy y Gonzalo) y el escándalo de la “Casa Gris” de José Ramón López Beltrán en Houston.
En este sentido, no olvidemos a los más cercanos de AMLO, como Adán Augusto López, vinculado con la banda criminal La Barredora, líder del Grupo Tabasco, con señalamientos por presuntos nexos con el crimen organizado y financiamiento de campañas políticas en Tamaulipas y Sinaloa con la complicidad de Sergio Carmona, conocido como “el rey del huachicol”.
No obviemos que Adán Augusto todavía tiene las manos metidas en Chiapas a través de varios exfuncionarios del gobierno de Rutilio Escandón, quienes ya levantaron la mano para anunciar su intención de participar en las próximas elecciones.
También Alfonso Romo, exjefe de la Oficina de Presidencia, acusado por el gobierno de Estados Unidos de usar su casa de bolsa, Vektor, para lavar dinero del narcotráfico. O Mario Delgado, actual secretario de Educación Pública, mencionado en denuncias por su supuesta relación con el financiamiento de campañas a través del dinero ilícito de los hermanos Carmona.
En fin, la escalera de la corrupción no se barrió, nunca se le dio el mínimo escobazo.
EL BENEFICIO DE LA DUDA
Lo que toca en este momento es darle a Ariadna Montiel el beneficio de la duda. Desde luego, cada decisión se lo consultará a la presidente Claudia Sheinbaum, a cuyo grupo político pertenece.
Pero ojalá cumpla su palabra, en especial a aquella de que ningún morenista acusado de corrupción obtendrá alguna candidatura, aun así gane en la encuesta.
Sin lugar a dudas, esa será su prueba de fuego. Y en la selección del candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, por mencionar el ejemplo más claro, veremos si en verdad será responsable de su promesa o terminará como sus antecesores, haciendo maromas para justificar candidaturas para morenistas corruptos.
Ya veremos si tiene el valor para descartar a Carlos Morales Vázquez, por mucho el peor alcalde que ha tenido la capital en tiempos recientes, quien tiene denuncias y graves señalamientos por desvío de recursos públicos, malversación de fondos federales, daño a la Hacienda Pública por más de 220 millones de pesos en el ejercicio 2023, entre otros.
Ya veremos si le dice no a la postulación del coleto Guillermo Santiago Rodríguez, quien viene impulsado por Citlalli Hernández, recientemente nombrada como presidente de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, pese a su cuestionado desempeño como exdirector del Instituto Mexicano de la Juventud, dependencia de la cual se dice que desvió los recursos de las becas para financiar al grupo criminal Los Motonetos, que opera en la zona de San Cristóbal de las Casas, y para pagar sus cirugías estéticas para reducir peso.
Y veremos si considera los señalamientos contra Jovani Salazar (en el caso extremo de que llegara a repuntar en la encuesta), funcionario estatal que por su obsesión de ser alcalde de Tuxtla según está usando recursos de la dependencia a su cargo, la Agencia Digital Tecnológica del Estado, para financiar su campaña anticipada y fallando a la responsabilidad que le encomendó el gobernador Eduardo Ramírez.
En lo personal, deseo que Ariadna Montiel cumpla su palabra y comience a limpiar la casa. De lo contrario, se confirmará que Morena no es el partido de la esperanza, sino el que lucró con la esperanza, protegiendo la impunidad y promoviendo la corrupción.
yomariocaballero@gmail.com
