El Salvador puso en marcha este 26 de abril una polémica reforma legal que permite imponer cadena perpetua a adolescentes, como parte de su estrategia de seguridad contra el crimen organizado impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
La nueva normativa establece que menores de entre 12 y 18 años podrán recibir penas de prisión de por vida si son encontrados culpables de delitos considerados graves, como homicidio, violación o terrorismo, categoría que en el país incluye la participación en pandillas.
Esta medida representa un cambio histórico en el sistema de justicia juvenil salvadoreño, ya que elimina en ciertos casos el tratamiento diferenciado que se daba a los menores, permitiendo que sean procesados bajo criterios similares a los de adultos.
La reforma forma parte de un endurecimiento de las políticas de seguridad implementadas desde 2022, cuando el gobierno decretó un régimen de excepción para combatir a las pandillas, logrando una reducción significativa en los índices de homicidios, según autoridades.
Sin embargo, la decisión ha generado fuertes críticas por parte de organismos internacionales y defensores de derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que esta legislación podría contravenir estándares internacionales, al no priorizar la rehabilitación y reinserción de los menores.
Pese a ello, el gobierno salvadoreño ha defendido la medida argumentando que busca frenar el reclutamiento de jóvenes por parte de grupos criminales y garantizar mayor seguridad a la población.
Con la entrada en vigor de esta reforma, El Salvador se coloca entre los países con una de las legislaciones más severas en materia penal juvenil en América Latina.
Con información de Agencias
