EDITORIAL

“Cero Corrupción” ya no es un discurso, es acción y congruencia

Los alcances de El Mencho y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dentro de la estructura gubernamental y en los tres niveles, fue escandaloso; si bien las detenciones de alcaldes vinculados al hampa como fue caso de Diego River en Tequila, Jalisco, ya mostraban la vulnerabilidad del estado mexicano.

Ahora bien, el abatimiento del líder criminal y la publicación de nóminas de dicha organización delictiva por parte del periódico El Universal, confirman ese escenario tan catastrófico: el “Estado fallido” y la infiltración del narcotráfico en la política.

Esta revelación, sin duda pone en entre dicho a las instituciones, es especial a las de seguridad; por ello, la publicación donde se hace alusión a que los miembros de la FRIP (Fuerza de Reacción Inmediata Pakal) o los denominados “pakales”, como parte de la nómina del CJNG, generó cuestionamientos y críticas.

No obstante, la respuesta del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y la titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), Ana Laura Romero Basurto, dejó de manifiesto que el orden, la transparencia y la legalidad son primero.

Antes que nada, es preciso resaltar lo hecho por la Nueva ERA y la dependencia de Anticorrupción; como vimos en el pasado, aquellos ladrones de cuello blanco cuando estaban en el ojo del huracán por parte de la opinión pública, no eran cesados, sancionados y en el peor de los casos, saltaban a una diputación alcaldía u a otra dependencia; peor aún se iban a una secretaría federal o de cónsul a Estados Unidos, demostrando que sus actos impunes tenían recompensa.

Ahora no es así; el gobernador y su equipo han hecho valer el lema “Cero tolerancia” y “Cero impunidad”, en el sentido de que las detenciones a alcaldes en Chiapas vinculadas al crimen organizado no quedarían impunes o bajo el cobijo institucional.

También, lo realizado por la titular de SAyBG, Romero Basurto ha demostrado contundencia, frialdad, compromiso y un apego institucional: mencionar que su gestión se ha caracterizado por mejorar mecanismos para evitar el desvío de recursos, implementar mejores tecnologías, capacitaciones y demás, es quedarse corto.

Basta con mencionar que esta administración, sancionó delitos que en administraciones anteriores  quedaron impunes, y como lo ha demostrado la clase política, al iniciar un nuevo mandato, estos fueron borrados (salvo cuando se trata de venganzas políticas); en este sentido, la sanción e inhabilitación impuesta a Tania Robles, titular de Indeporte en el sexenio de Rutilio Escandón, al dejar impune un feminicidio, estableció un antes y un después: la corrupción y la impunidad son cosas del pasado.

Otro aspecto importante, es que esa misma institución ha sido fundamental, al menos en los últimos cambios del gabinete: como ha mencionado la opinión pública, algunos de los miembros de la Nueva ERA, lamentablemente, defraudaron la confianza del gobernador y eso generó, en el buen sentido, su destitución: tal es el caso de los titulares anteriores del Cobach e Isstech, quienes en estos momentos son investigados por malos manejos.

En lo que respecta a los esclarecimientos sobre la supuesta nómina, el gobernador como la titular de Anticorrupción, dieron a conocer que se realizará la debida investigación, con apego a la ley, con la presunción de inocencia y en caso de un veredicto, dar las penas y sanciones correspondientes.

Es preciso aclarar que esta mención no debe manchar el buen nombre de los elementos de seguridad, quienes en estos últimos días con coraje, valentía y honradez han contribuido a retornar las horas serenas, por ello esta auditoria aclarará los hechos y no manchará la reputación de estos elementos que sirven a su pueblo.

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