La indignación social es profunda; la justicia por propia mano no es la solución a la violencia
La justicia por propia mano no es la solución a los actos más bajos de la humanidad. La violencia como respuesta a la violencia no repara el daño ni devuelve la paz. Lo ocurrido el pasado fin de semana en Ostuacán deja ver el nivel de indignación que existe por parte de la sociedad hacia la violencia feminicida.
El reciente caso ocurrido en el municipio de Ostuacán, ubicado en la región Norte del estado de Chiapas, donde pobladores tomaron justicia por propia mano contra dos hombres señalados como presuntos responsables del doble feminicidio de Ariana, una niña de 12 años y su abuela Miriam, de 47, deja ver el nivel de indignación, rabia y dolor ante un acontecimiento de extrema bajeza humana.
El pasado lunes 19 de octubre, Ariana y Miriam salieron con rumbo a un predio familiar ubicado en la comunidad de Tanchinchal, en Ostuacán, acudirían a revisar y atender al ganado, pero no regresaron a casa. Por ello, familiares y habitantes comenzaron a buscarlas por todo el municipio.
Fue hasta el 21 de octubre que encontraron el cuerpo sin vida de Miriam a orilla de un arroyo y dos días después el de la menor, Ariana, en una zona de pastizales de la misma comunidad. En la búsqueda de ambas mujeres participaron principalmente pobladores de la comunidad, preocupados por la integridad de ellas.
Al respecto, la Fiscalía detalló que Miriam falleció por una hemorragia aguda secundaria a sección de grandes vasos en el cuello, provocada por un objeto punzocortante, de acuerdo con los dictámenes periciales y la necropsia de ley. Mientras que la niña, según la necropsia de ley, falleció por asfixia mecánica por estrangulamiento, presentando lesiones post mortem, traumatismo craneoencefálico severo, además de lesiones de forcejeo y defensa. Asimismo, se confirmó que sufrió una agresión sexual.
Más tarde, la autoridad informó que los trabajos de inteligencia, periciales y testimoniales permitieron acreditar la responsabilidad directa de Armando “N”, alias “El Melo”, y Andrés “N”, alias “El Cera”, quienes, tras cometer el doble feminicidio, se dieron a la fuga.
Ambos fueron capturados y llevados a los separos de la Presidencia Municipal de Ostuacán y ahí comenzó el problema. Pobladores enardecidos irrumpieron por la fuerza en ese lugar y sustrajeron a los detenidos, logrando quitarle la vida a uno de ellos y el otro quedando gravemente herido.
La violencia no se contrarresta con más violencia. Al ponerse en igualdad la bajeza humana se genera caos y crisis social en la comunidad, situación que complica el desarrollo de las actividades del municipio, genera ingobernabilidad, y eso no le conviene a nadie en absoluto.
Inclusive el mismo gobernador Eduardo Ramírez Aguilar se pronunció al respecto y llamó a la civilidad, así como actuar con prudencia al pueblo de Ostuacán.
En ese sentido, se sumó otro delito por el que las o los culpables deberán hacerse responsables. Por el homicidio de Andrés “N”, la Fiscalía de Chiapas abrió una carpeta de investigación paralela para identificar y procesar a los responsables del linchamiento.
La herida es grande. No es de extrañar esta reacción en el pueblo de Ostuacán, cuya cabecera municipal apenas tiene 3 mil habitantes, quienes probablemente se conozcan entre ellos. Ven en Miriam y Ariana a sus hijas y abuelas, quienes no tienen el mismo acceso a la seguridad y la tranquilidad de regresar con bien a sus casas como otros grupos de mujeres en sectores con mayor privilegio y beneficio.
A esta reacción se suma la lenta actuación de ciertas autoridades, en lo que los propios pobladores tuvieron que colaborar y sumarse voluntariamente. Fue un vecino de la comunidad de Tanchinchal quien encontró el cuerpo de la niña menor de edad.
A este punto, suman ya 30 los feminicidios registrados en Chiapas en lo que va del año. Y de acuerdo con reportes periodísticos por parte de nuestro corresponsal desde Villacorzo, se sumó otro el pasado 25 de octubre, el de Fabiola, a manos de su pareja.
Las instituciones responsables de velar por la seguridad y la tranquilidad de las familias no pueden dejar impunes estos hechos que son cada vez más atroces. La ciudadanía no está dispuesta a permanecer indiferente ante una violencia que lastima a toda la sociedad. Las autoridades deben trabajar en recuperar la confianza ciudadana a través de acciones y no en discursos.
La indignación social no debe normalizarse como mecanismo de castigo. El verdadero reto es que las autoridades demuestren que la justicia llega a tiempo, que las víctimas son priorizadas, y que ningún hecho delictivo queda impune. Es indispensable atender las causas de esta crisis, garantizar seguridad a las mujeres y evitar que más familias pasen por algo semejante.
