Pepe Cruz y Díaz Selvas, el binomio de la corrupción
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Hay problemas que no desaparecen cuando termina un gobierno. Simplemente cambian de escritorio, de funcionario y de administración. El conflicto que hoy protagonizan trabajadores jubilados del sector Salud en Chiapas parece ser uno de ellos: una factura laboral que quedó pendiente y que ahora toca pagar a quienes llegaron después.
La protesta de un grupo de jubilados frente al Palacio de Gobierno no debería verse como una manifestación más. Detrás de ella existe una demanda que, de acuerdo con los afectados, tiene su origen en acuerdos suscritos desde 2021 para garantizar que las plazas de quienes se jubilaran pudieran ser heredadas a sus hijos en línea directa. El problema es que, según denuncian, esos acuerdos terminaron convertidos en letra muerta.
Y aquí aparece inevitablemente el nombre del exsecretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, conocido como Pepe Cruz.
Los manifestantes señalan directamente a su administración y al dirigente de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, José Luis Díaz Selvas, como responsables de haber permitido un esquema de asignación de plazas que habría privilegiado intereses particulares por encima de los derechos de quienes durante décadas trabajaron en el sistema sanitario. La acusación es grave. Pero todavía más grave sería que nadie quisiera esclarecerla.
Porque no se habla únicamente de una plaza laboral, sino de trabajadores que dedicaron buena parte de su vida al servicio público y que, al llegar a la jubilación, esperaban que un derecho previamente acordado pudiera beneficiar a sus familias. Si cumplieron con los requisitos, realizaron los exámenes correspondientes y aun así fueron desplazados, alguien tendría que explicar quién tomó la decisión, bajo qué criterios y a quiénes terminaron beneficiando esos espacios, y si no existió tal derecho, también corresponde decirlo con absoluta claridad.
Lo que no puede ocurrir es que las plazas públicas se conviertan en moneda de cambio sindical, patrimonio de grupos o mecanismo de recompensa política.
Existe, además, un antecedente que vuelve particularmente delicado el asunto. En 2018, medios de comunicación documentaron la entrega de 28 plazas por heredabilidad a hijos de trabajadores de Salud, y Díaz Selvas refrendó entonces que se trataba de un beneficio para los descendientes de los trabajadores. Años antes, el propio dirigente sindical había explicado que determinadas plazas serían distribuidas mediante un esquema bipartita entre la Secretaría de Salud y la Sección 50. Entonces la pregunta resulta inevitable: ¿qué cambió después?
No es la primera vez que durante la gestión de Pepe Cruz surgieron fuertes cuestionamientos desde el propio sector Salud. En octubre de 2022, miles de trabajadores protestaron y el entonces dirigente sindical José Luis Díaz Selvas acusó públicamente a Pepe Cruz de bloquear salarios, modificar adscripciones y emprender acciones contra trabajadores. Semanas después, el sindicato sostuvo que alrededor de 300 empleados habían sido despedidos por participar en movilizaciones.
Resulta entonces contradictorio que quien desde el discurso político puede presentarse como defensor de la transformación y de los derechos sociales, en el terreno laboral carga con una administración que dejó conflictos que todavía no encuentran solución. Y si ahora son los jubilados quienes salen a las calles para reclamar acuerdos incumplidos, entonces algo falló profundamente en aquella gestión.
El dirigente sindical José Luis Díaz Selvas ha aparecido durante años en el centro de controversias relacionadas con la asignación de plazas y la defensa de los trabajadores. En 2014 se documentó que el reparto de plazas podía realizarse de manera bipartita entre la Secretaría de Salud y el sindicato. Y en años recientes han surgido nuevas acusaciones periodísticas sobre presunto nepotismo y manejo discrecional de plazas dentro del sector, señalamientos que deberán ser investigados y, en su caso, acreditados por las autoridades competentes.
Por eso, el gobierno de Eduardo Ramírez tiene frente a sí una oportunidad que va mucho más allá de resolver una protesta, la de abrir los archivos, revisar los acuerdos, transparentar las plazas, identificar beneficiarios y determinar si hubo irregularidades. No se trata de perseguir políticamente a nadie, sino de hacer algo mucho más sencillo y mucho más contundente: poner los documentos sobre la mesa.
Las plazas, al final no son ni del sindicato ni del gobierno, llámese salud, sino de los trabajadores que dieron su vida por servir a la sociedad. Nada tan sencillo como eso. Entre tanto, Pepe Cruz como Díaz Selvas, siguen nadando de a muertito, sin que nadie los moleste. Son, al final, el binomio perfecto de la corrupción mientras que los jubilados tendrán que esperar nuevos tiempos.
