Suspensión del tramadol destapa las penurias en salud
La corrupción en los hospitales del sector público no siempre aparece en los grandes escándalos nacionales ni en las conferencias de prensa. Con frecuencia opera en los pasillos, en las áreas de compras, en las listas de espera, en los almacenes de medicamentos, en las oficinas administrativas o en las presiones que hace la industria farmacéutica al sector salud en el manejo de los medicamentos que ya no les resulta negocio.
Es una corrupción cotidiana, fragmentada y persistente que termina afectando lo más valioso: la vida y la salud de los pacientes. El problema suele reducirse al desabasto de medicamentos, pero esa es apenas una de sus manifestaciones. La corrupción hospitalaria conforma una cadena que comienza con la contratación pública, continúa con la administración de recursos y concluye en la atención médica.
Cuando un paciente no encuentra un medicamento, cuando una cirugía se pospone durante meses o cuando un hospital carece de insumos básicos, no siempre se trata únicamente de falta de presupuesto, en muchos casos existen fallas de gestión, opacidad o posibles actos de corrupción.
Hoy el caso del tramadol es el ejemplo perfecto de la manipulación del discurso oficial que concreta el engaño y que visibiliza que el combate a la corrupción no ha sido mermado ni mucho menos intentado ser detenido.
Por ser efectivo y barato, el medicamento tramadol, que se utiliza para controlar el dolor, fue sacado del mercado porque a las empresas farmacéuticas no le convenía. Este es la verdadera razón y donde el gobierno federal dobla las manos. Algunas farmacias aún lo tienen en existencia, pero en la mayoría la respuesta es que ya no se está surtiendo.
Los médicos del sector salud reconocen que la reclasificación que se le dio, supuestamente, de medicamento controlado es una farsa. Es decir, salió del mercado.
Esto contradice la medida, informada por Cofepris y sustentada en el decreto de reforma a la Ley General de Salud publicado el 15 de enero de 2026, de que el producto sufriría cambios en su proceso para llegar al paciente. No implica, se dijo en ese entonces, el retiro del medicamento ni exige receta especial; establece que su dispensación debería realizarse con receta médica simple y con registro documental en libros de control.
Pues no, las farmacias de Chiapas, por lo menos en este estado, no tienen el tramadol. Ya salió del mercado, lo que significa que no quedó sujeto a nuevas reglas de dispensación y control sanitario. A la industria no le convino que la eficacia de esta medicina no le retribuya ganancias. Así de simple. Un recorrido por los establecimientos de la capital tuxtleca lo evidenciaron. “Ya no lo están surtiendo”, “está suspendido”, no sabemos nada”, dicen los dependientes de las farmacias cuando se les cuestiona el por qué no lo hay para su venta con receta médica, como se dijo.
Esta realidad echa por debajo el discurso oficial y, además, manifiesta que seguimos siendo conejitos de indias para tenernos controlados.
Lo mismo sucede con los anuncios donde se presume que en México se han contratado miles de médicos y médicas generales y especialistas, pero la contradicción es que el gobierno no ha caído en la cuenta que ha abultado las necesidades del servicio que no se tiene. Es decir, si hubo 100 mil nuevos empleos en el sector, a la nómina del servicio médico hay que agregarle las familias directas de estos profesionistas.
Eso, por un lado. Por el otro, para qué tanta contratación si no hay infraestructura nueva. No existen hospitales que den cobijo a tanto profesional de la medicina, lo que se traduce a que son contratados, efectivamente, pero no tienen espacios dónde laborar.
Presumir cifras de empleo se contradice con los efectos que estos se generan específicamente en el sector salud. Para los beneficiados no hay problema, porque están recibiendo un salario, aunque no tengan quirófano ni los insumos para hacer su chamba.
Lo que realmente hay que visualizar es el combate a los actos de corrupción que se presenta en todo el sector. Sucede que el amasiato entre las cupulas sindicales y los mismos médicos que están en posiciones de directivos, no ha podido combatirse las componendas que han llevado a saquear los equipos de los hospitales.
Quien niegue que los mismos directivos autorizan dar de baja a equipos “porque ya no prenden o porque les falló la pila”, para luego darlos por perdidos, es una práctica común para desmantelar los hospitales. El “robo oficial hormiga” forma parte de los actos irregulares que se practican a diario, y con todo ello, será difícil salir avante.
