¿Aplicarán la ley contra el delegado del Bienestar cesado?
La destitución del delegado de la Secretaría de Bienestar en la región Soconusco, con sede en el municipio de Tapachula, fue una decisión acertada del gobierno federal. Si esta práctica se aplicara en todos los asuntos que han metido a la autoridad en un laberinto sin salida, como dice el dicho popular, “otro gallo nos cantara”.
A casi dos años de haber asumido las riendas de un nuevo gobierno, aunque bajo los mismos principios de la Cuarta Transformación, los problemas comienzan a salirse de control, en gran medida porque la libertad otorgada a muchos morenistas terminó traduciéndose en acciones marcadas por la impunidad.
En Tapachula, el ahora ex delegado del Bienestar, José Luis Elorza, fue cesado tras la presión ejercida por los propios trabajadores de la dependencia, los llamados servidores de la nación, quienes denunciaron que eran víctimas de acoso laboral, amenazas, corrupción y violaciones a sus derechos laborales.
Bastaron 24 horas para que la bomba estallara y, desde la Ciudad de México, se ordenara su cese fulminante, incluso por encima de la protección que presuntamente le brindaba la secretaria de Bienestar en Chiapas, Manuela Obrador Narváez. Al parecer, “el horno no está para bollos”, sobre todo si se considera que esta institución representa uno de los principales pilares políticos del gobierno federal.
Más allá del despido, es indispensable que se inicie una investigación contra el ahora exfuncionario, pues las conductas que se le imputan son suficientes para abrir una carpeta de investigación. Su presunto abuso de poder no puede quedar en el limbo, con el riesgo de que mañana aparezca ocupando otro cargo público en cualquier parte del país.
¿O acaso ya se olvidó el caso del entonces titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, quien, a pesar de cargar con la responsabilidad política por la muerte de 40 migrantes en una estación migratoria de Ciudad Juárez, en marzo de 2023, no fue destituido ni separado del cargo para facilitar una investigación en su contra.
Por el contrario, permaneció al frente de la dependencia hasta el final del gobierno de su amigo Andrés Manuel López Obrador, pese a enfrentar un proceso penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Como si eso no fuera suficiente, esa postura arbitraria, que evidenció que las decisiones sobre lo que se hace o se deja de hacer dependen del poder político, permitió que Garduño, ya exonerado de toda responsabilidad, asumiera en enero de 2026 la dirección General de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública.
Hoy, aunque el caso de Tapachula no tiene las mismas dimensiones, guarda similitudes con el del delegado destituido, pues las acusaciones en su contra ameritan una investigación penal. Incluso, la situación resulta tan sospechosa que fueron los propios trabajadores que exigieron su destitución quienes informaron a la prensa que la Secretaría de Bienestar federal había ordenado la salida de José Luis Elorza. Es decir, hasta ahora no existe una comunicación oficial, por escrito, que confirme formalmente su separación del cargo.
Alrededor de 120 trabajadores denunciaron que la violencia laboral se ejercía principalmente contra las mujeres. Según su versión, quien asumió las riendas de la delegación fue Cielo Nucamendi Nucamendi, aunque tampoco se ha oficializado su nombramiento.
La investigación sobre Elorza también debería extenderse a los colaboradores que llevó consigo y que, según los denunciantes, se distinguían por un trato déspota y despectivo. La situación era tan grave que los servidores de la nación afirmaron que, con sus propios salarios, cubrían las comisiones que les eran asignadas y, además, trabajaban sin días de descanso.
Ojalá se les haga justicia y se sancionen penalmente los agravios atribuidos al exservidor público. Sin embargo, hay razones para dudar de que la ley se aplique en este caso. En México abundan los políticos que gozan de impunidad a pesar de enfrentar denuncias judiciales que terminan archivadas. Sus casos son ampliamente conocidos y, aun así, la autoridad parece empeñada en “ver como que no ve nada”.
