Urbina no es transparente ni con ella misma
Los hechos evidenciados muestran que la exalcaldesa de Tapachula y hoy diputada federal, protegida por el fuero constitucional, Rosy Urbina Castañeda, es todo menos un ejemplo de transparencia en sus actos, ética en su conducta y honestidad en el ejercicio del servicio público.
El doble rasero con el que se conduce es prueba fehaciente de ello. La cuestionada ex presidenta municipal no sólo ha perdido credibilidad ante la sociedad tapachulteca por su deficiente desempeño, sino que además enfrenta observaciones derivadas de las investigaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las cuales ponen en entredicho la pulcritud de su administración.
Su ética dista mucho de reflejarse en la forma en que ejerció y continúa ejerciendo el poder. Que aún permanezca bajo observación por irregularidades detectadas en la Cuenta Pública 2023, más de tres años después, evidencia que sus intereses parecen estar más orientados al beneficio personal que al interés colectivo.
Resulta inconcebible que mantenga pendientes por solventar más de 7 millones 223 mil pesos correspondientes a su administración municipal y, al mismo tiempo, ocupe un lugar en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados. Es un contrasentido que lastima la credibilidad de las instituciones. Insólito, pero cierto.
Su actuación proyecta una permanente simulación. Los señalamientos por presuntas irregularidades y actos de corrupción fortalecen la percepción de que personajes con este perfil siguen encontrando refugio en el servicio público. Es lamentable que Tapachula haya sido gobernada por autoridades que terminaron defraudando la confianza ciudadana.
Su llegada a la presidencia municipal, tras el fallecimiento del entonces alcalde Óscar Gurría Penagos, fue vista por muchos como una oportunidad política que terminó exhibiendo una marcada ambición por el poder. Hoy, el descrédito y la desconfianza de buena parte de la sociedad tapachulteca son el saldo de aquella gestión.
La opacidad con la que se ha conducido demuestra que la rendición de cuentas nunca ha sido una prioridad. No ha mostrado la convicción administrativa ni el compromiso ético necesarios para transparentar el manejo de los recursos públicos.
Y, pese a los señalamientos, continúa actuando como si nada ocurriera. Un ejemplo reciente fue el reparto de obsequios con motivo del Día de las Madres, el pasado 10 de mayo. Entregó artículos de plástico de muy bajo costo adquiridos al mayoreo y pretendió convertirlos en un gesto de generosidad. Ni las fotografías difundidas para promocionar el evento lograron ocultar la percepción de burla que provocó entre los ciudadanos.
Su permanencia en una comisión legislativa relacionada con la fiscalización resulta incongruente cuando la propia Auditoría Superior de la Federación mantiene observaciones sobre su administración. Lo mínimo que debería hacer, por un principio de congruencia y para evitar cualquier sospecha de conflicto de interés, sería separarse de esa representación. Sin embargo, ha optado por una postura que evade responsabilidades, sin reconocer errores ni manifestar disposición para esclarecer los hechos.
Tampoco se espera que asuma un compromiso genuino con la integridad pública. Han transcurrido más de tres años sin que logre solventar las observaciones contenidas en la Auditoría 630/2023 de la ASF, la cual emitió un pliego de observaciones por 7 millones 223 mil 312 pesos, al advertir un probable daño a la Hacienda Pública Federal.
Desde tiempo atrás, en este mismo espacio se publicó que parte de ese monto correspondería a operaciones presuntamente irregulares relacionadas con obras de rehabilitación contratadas con empresas vinculadas a su esposo y a un servidor público municipal.
A ello se suma un elemento que alimenta la percepción de conflicto de interés: su hijo, Javier Eduardo Rubiera Urbina, ocupa el cargo de director de Dictaminación C.2 dentro de la Auditoría Superior de la Federación. No se afirma que exista una intervención directa de su parte, pero la coincidencia difícilmente contribuye a fortalecer la percepción de imparcialidad.
Al quedar exhibidas estas contradicciones, la Cámara de Diputados debería dejar de brindar protección política a la legisladora chiapaneca. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en cómplice de una situación éticamente insostenible. No se puede ser juez y parte cuando están en juego millones de pesos que debieron destinarse al bienestar de la sociedad y no, presuntamente, a beneficiar intereses particulares. Ese es el costo de tolerar la opacidad y la falta de congruencia en el servicio público.
