La faramalla de reservar información de los “narcopolíticos”
La solicitud de acceso a la información pública que un ciudadano presentó en mayo de este año ante la Plataforma Nacional de Transparencia «transparentó» que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reservó un amplio expediente relacionado con el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, quien permanece fuera del escrutinio público mientras el Gobierno de la República, según sus críticos, hace lo necesario para evitar que sea detenido o extraditado a Estados Unidos, donde las autoridades presuntamente investigan sus posibles vínculos con la delincuencia organizada.
Entre la información clasificada se encuentran oficios, comunicaciones diplomáticas, solicitudes de asistencia jurídica internacional, notas verbales, correos institucionales y minutas de reuniones celebradas entre autoridades mexicanas y estadounidenses relacionadas con Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez -senador de la República en funciones-, respecto de investigaciones por presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y el Cártel de Sinaloa.
Esto significa que, durante cinco años, ni periodistas, ni ciudadanos, ni organizaciones dedicadas a la investigación podrán acceder a cualquier documento derivado del intercambio de información entre México y Estados Unidos sobre estos servidores públicos y otros funcionarios vinculados a Morena que presuntamente son investigados por posibles nexos con el crimen organizado.
La gran pregunta es inevitable: ¿qué esconden? ¿Qué pretenden que los mexicanos no conozcan? Al recurrir a este tipo de prácticas, las autoridades parecen asumir que la ciudadanía desconoce los problemas legales en los que pueden verse involucrados algunos funcionarios cuando ejercen el poder.
Muchas de estas maniobras suelen pasar inadvertidas. Sin embargo, cuando salen a la luz, el propio pueblo, ese al que con frecuencia se califica como «bueno y sabio», termina identificando las irregularidades y entiende de qué pie cojean quienes gobiernan. Entonces, ¿para qué mantener una simulación que difícilmente convence?
En este caso, la información podrá permanecer bajo reserva en México, protegida con candados administrativos y legales. Sin embargo, del otro lado de la frontera, las autoridades estadounidenses no necesariamente actuarán con la misma discreción. Conforme avancen sus investigaciones, es probable que continúen revelándose datos que alimenten el debate sobre lo que los partidos de oposición han denominado un «narcogobierno».
¿Qué puede ocultar la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando los golpes informativos provienen, una y otra vez, de importantes medios de comunicación estadounidenses? Sus investigaciones periodísticas se han convertido en un constante dolor de cabeza para la llamada Cuarta Transformación, cuyos operadores políticos permanecen atentos a cualquier nueva revelación que pueda comprometerlos.
Rocha Moya e Inzunza Cázarez, junto con otros ocho involucrados originarios de Sinaloa, ya figuran en las investigaciones que se siguen en Estados Unidos. Dos de ellos incluso se entregaron voluntariamente a las autoridades de ese país con el propósito de colaborar con la justicia y buscar beneficios procesales. Ellos, probablemente, ya conocen el escenario que enfrentan.
Quienes verdaderamente tienen motivos para perder el sueño son aquellos gobernadores en funciones, secretarios de Estado, alcaldes, diputados y senadores —la mayoría identificados con Morena— que, según diversas versiones públicas, formarían parte de una lista de alrededor de medio centenar de funcionarios bajo la lupa de las autoridades estadounidenses. Todos esperan que esa pesadilla nunca se convierta en una realidad judicial.
El argumento de la SRE para mantener bajo reserva estos expedientes es evitar conflictos bilaterales y no «menoscabar la conducción de las relaciones internacionales del Estado mexicano». En otras palabras, busca impedir que la opinión pública conozca el contenido de las investigaciones relacionadas con Rocha Moya e Inzunza Cázarez mientras estas continúan su curso.
No obstante, cuando la dependencia sostiene que revelar esa información podría «afectar la confianza y confidencialidad necesarias para el intercambio de información entre autoridades de ambos países», parece olvidar que, en múltiples ocasiones, han sido las propias autoridades de justicia estadounidenses las que han hecho públicas investigaciones, acusaciones o avances procesales relacionados con funcionarios mexicanos, sin esperar necesariamente la autorización o el consentimiento del Gobierno de México.
