El lucro, en el ADN de los Morales Vázquez
La ecuación para entender la corrupción con la que se manejan los hermanos Morales Vázquez es muy sencilla: utilizar el tráfico de influencias para obtener prebendas del Gobierno del Estado de Chiapas, como lo han venido haciendo durante toda su vida.
El próximo 18 de junio, Jorge Alberto Morales Vázquez —hermano menor de Carlos Morales Vázquez, delegado de la Conafor y exalcalde de Tuxtla Gutiérrez durante dos trienios, así como de Plácido Morales Vázquez, quien desde el 5 de noviembre de 2024 se desempeña como procurador general de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo— acudirá a Talleres Gráficos para ejecutar un embargo derivado de una resolución judicial relacionada con una demanda laboral por ocho millones de pesos, correspondiente a dos años y un mes de servicio.
El caso va más allá de la ambición que esta familia suele exhibir y resulta contrastante, pues si Jorge Alberto reclama una indemnización de ocho millones de pesos por un cargo de confianza —prestación que generalmente no se contempla para puestos directivos dentro del servicio público—, surge la pregunta de por qué, durante la administración de Carlos Morales como alcalde, se dejó sin liquidación a un sinnúmero de trabajadores a quienes sí les correspondía legalmente.
En esos casos, a diferencia del que hoy reclama el hermano menor, se trata de barrenderos, personal administrativo, trabajadores de limpia y empleados de áreas operativas cuyos ingresos apenas alcanzaban el salario mínimo. Como diría el dicho popular, no hay comparación entre una cosa y otra.
En la práctica, la interpretación lógica apunta a que la influencia de Plácido Morales Vázquez estaría presente en este litigio, que a simple vista no justificaría una indemnización millonaria. El procurador federal de la Defensa del Trabajo, según las sospechas que han surgido alrededor del caso, habría ejercido influencias o presiones para favorecer a su hermano en la resolución judicial.
De ser así, representaría una afrenta para los trabajadores de Talleres Gráficos que han sido despedidos o han renunciado en distintas etapas sin recibir un solo peso de liquidación. Y no son pocos, pues esta dependencia se ha caracterizado históricamente por funcionar como una especie de caja chica de gobiernos anteriores.
El tema no es menor. Se trata de una oportunidad poco común para una familia que ha ostentado posiciones de poder durante años. Situaciones como esta suelen darse cuando se administra una ciudad como Tuxtla Gutiérrez; difícilmente podría pensarse que el actual delegado de la Conafor tenga la misma libertad para disponer de los recursos de ese organismo.
No cabe duda de que los Morales Vázquez han acumulado riqueza aprovechando el poder y sus relaciones políticas para obtener beneficios personales y, presuntamente, intentar sacar provecho del erario público. Por ello, el caso merece una revisión a fondo, pues no es posible que las finanzas públicas sigan siendo objeto de este tipo de controversias.
Además, resulta pertinente esclarecer cómo Jorge Alberto Morales Vázquez, con apenas dos años de servicio en la administración pública, logró adquirir propiedades que incluso superan las de muchos funcionarios de alto nivel. Particularmente, sería importante transparentar el origen de los recursos utilizados para construir una amplia residencia ubicada en la zona de Loma Bonita y Real del Bosque.
Dicha propiedad, que cuenta con alberca y dos canchas de futbol, habría sido adquirida durante el periodo en que su hermano fungió como alcalde de Tuxtla Gutiérrez. Para algunos observadores, forma parte de una red de privilegios y presuntas irregularidades construida durante seis años de gobierno municipal.
Por lo pronto, para el próximo jueves está prevista la ejecución de la resolución contenida en el expediente J/0/270/2012, radicado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas. El procedimiento fue promovido por Jorge Alberto tras su salida de la dependencia y contempla un requerimiento de pago y embargo por la suma de ocho millones de pesos.
Obtener una indemnización de esa magnitud por un cargo de confianza y nivel directivo resulta, cuando menos, cuestionable. Sin embargo, para quienes critican la trayectoria de la familia Morales Vázquez, este episodio parece encajar con una visión marcada por la ambición, la codicia y el afán de lucro. Para sus detractores, el respeto a la ley, la ética y la moral no forman parte de sus prioridades; en cambio, sostienen que la usura y el beneficio personal parecen formar parte del ADN de los Morales Vázquez.
