Gourmet judicial en tiempos de austeridad; dejan de lado los frijoles con tortilla
La austeridad republicana terminó convertida, para muchos funcionarios públicos, en un discurso cómodo, repetido hasta el cansancio frente a los micrófonos, pero completamente divorciado de la realidad. Mientras millones de mexicanos enfrentan salarios insuficientes, servicios públicos deteriorados y una economía que apenas alcanza para sobrevivir, en las altas esferas del poder todavía existen oficinas donde el privilegio sigue sirviéndose en vajilla fina y acompañado de recetas de cocina internacional.
El caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es un ejemplo escandaloso de esa doble moral institucional que tanto daño le hace a la credibilidad del Estado mexicano. Resulta que el órgano encargado de garantizar la legalidad democrática del país aprobó un presupuesto de 22 millones 229 mil pesos para el servicio de comedor institucional de la Sala Superior y las cinco salas regionales. Sí, más de 22 millones de pesos destinados a desayunos y comidas gourmet para magistrados y personal administrativo.
Todo esto bajo el contrato OAJ/SEA/DGRM/LPN/017/2026, adjudicado a la empresa Representaciones Profesionales Difra S.A. de C.V., con vigencia del 1 de mayo al 31 de diciembre de 2026.
Y no se trata precisamente de un menú modesto, austero o cercano a la realidad de la mayoría de los mexicanos. No. El recetario aprobado parece más propio de un restaurante de lujo internacional que de una institución pública financiada con recursos del pueblo. Una institución que es apenas un bebé, por la forma y fondo en que fue elegida para los nuevos tiempos de la Cuarta Transformación.
Entre las especialidades aparecen nombres sofisticados como Boeuf bourguignon, crème brûlée, avgolemono, fasolia, Tom Yum Goong y Gong Bao Ji Ding. Además, se incluyen preparaciones gourmet como salmón glaseado con miel, pulpo a la menier, chorba marroquí y pollo rostizado con tequila.
El contraste resulta insultante. Mientras en Chiapas miles de familias apenas pueden llevar frijoles y tortillas a la mesa, mientras las escuelas públicas carecen de infraestructura digna y los hospitales enfrentan carencias permanentes, en las oficinas del Tribunal Electoral se diseñan menús internacionales con ingredientes finos y cocina de autor.
Dónde quedó aquella narrativa de “primero los pobres”. Dónde quedó la supuesta cercanía con el pueblo. Dónde quedó la promesa de eliminar privilegios y excesos en el servicio público. Hoy queremos que salgan a dar su versión los magistrados del pueblo, los que fueron elegidos de forma transparente y honesta.
Porque aquí no se está hablando de garantizar alimentación básica para trabajadores. Nadie cuestionaría que una institución tenga comedor para su personal. El problema radica en el nivel de lujo y sofisticación que se pretende justificar con dinero público, especialmente en un país donde la desigualdad sigue siendo una herida abierta.
Lo más ofensivo es que ni siquiera existe un esfuerzo por dignificar la gastronomía nacional o regional. En ese extenso catálogo gastronómico no aparecen platillos profundamente arraigados en la cultura mexicana y chiapaneca como el tasajo con pepita, el pollo en salsa roja, la barbacoa de borrego, el pozole o el tradicional pozol. Mucho menos opciones populares como una mojarra frita, un caldo de robalo o unos charales con frijol. No. En el Tribunal Electoral parece que el sabor del pueblo no tiene cabida.
Y mientras tanto, el discurso oficial continúa insistiendo en la austeridad republicana como si la ciudadanía fuera incapaz de notar las contradicciones. Porque la austeridad en México pareciera aplicarse únicamente para abajo: para reducir presupuesto en salud, limitar apoyos, justificar recortes o pedir sacrificios a la sociedad. Pero hacia arriba, en ciertas élites burocráticas, la comodidad y el lujo siguen intactos.
El contrato contempla hasta 7 mil 810 desayunos y 12 mil comidas mensuales. Es decir, no se trata de un gasto menor o aislado, sino de toda una estructura alimentaria de privilegio sostenida con recursos públicos.
Lo verdaderamente preocupante no es solamente el monto. Lo grave es el mensaje político y moral que se envía a la ciudadanía. Un mensaje de desconexión absoluta con la realidad nacional.
Las instituciones públicas deberían ser ejemplo de sobriedad, responsabilidad y sensibilidad social. Más aún aquellas que tienen la enorme responsabilidad de sostener la confianza democrática del país.
