Terminar con la corrupción, el objetivo
En Chiapas, la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en el servicio público ha entrado en una etapa crucial. En administraciones anteriores, las denuncias por corrupción en el gobierno y la opacidad para castigar estos abusos de poder, quedaban en el limbo. Hoy existe esa esperanza de que la transparencia sea el factor para entregar buenas cuentas.
Por lo menos eso es lo que ha dicho Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, sobre el avance en la vigilancia patrimonial de los servidores públicos y el control estricto que se empuja para evitar más moches y dádivas en las obras públicas que emprenden constructoras y el acompañamiento de los funcionarios y dependencias que solicitan dichos servicios.
Hoy la funcionaria ha manifestado que se ha consolidado un sistema robusto de monitoreo que no solo detecta irregularidades, sino que actúa con firmeza para inhabilitar a quienes incumplen con la obligación legal de declarar sus bienes.
Este sistema es vital para frenar la impunidad y evitar la aparición de “nuevos ricos” que prosperan a costa del Estado, una instrucción clara del gobernador Eduardo Ramírez. La inhabilitación de 56 servidores públicos durante el ejercicio fiscal 2025 por incumplimiento y las investigaciones en sectores clave como Salud y Educación demuestran que la vigilancia no es una simple formalidad, sino un mecanismo real de control.
La transparencia patrimonial es una herramienta indispensable para la honestidad en el servicio público. La falta de justificación en el aumento de bienes debe conllevar no solo sanciones administrativas, sino también denuncias penales, con un mensaje contundente de que nadie está por encima de la ley.
Las medidas anunciadas para implementar vigilancia especializada, monitoreos aleatorios y una supervisión rigurosa en proyectos de construcción son indispensables. La prevención y el estricto cumplimiento de los reglamentos técnicos deben ser una prioridad para garantizar la seguridad estructural de la infraestructura que sostiene la vida cotidiana de los chiapanecos.
Este llamado a la conciencia y responsabilidad social de los profesionales del sector construcción es un paso firme hacia un estado más transparente y seguro. La promesa de revisar y sancionar cualquier acto de corrupción, “moches” o desviaciones de recursos es un mensaje claro de que el buen gobierno no tolerará prácticas que pongan en riesgo la integridad de las obras ni la confianza de la sociedad.
En este último punto, hay que ser muy claros que el gobierno actual se juega en mucho el discurso que en estos nuevos tiempos de la tecnología ha recalcado a los chiapanecos de la cero corrupción. El tema es delicado porque de no cumplirse se estaría cayendo en las mismas prácticas del pasado y de las que realizó la administración reciente.
A esta administración, de acuerdo a las encuestas que se han ventilado en los últimos meses, se le tiene confianza y, sobre todo, la esperanza de que las cosas van a cambiar. Y eso es justo lo que anhelan los chiapanecos, un camino sin violencia, con seguridad para sacar adelante los proyectos y programas económicos que le den viabilidad al progreso tantas décadas añoradas.
Durante décadas, el poder político y administrativo fue utilizado como una plataforma de ascenso económico acelerado. Funcionarios que llegaron con salarios modestos terminaban convertidos en propietarios de ranchos, casas de lujo, flotillas de vehículos y cuentas bancarias imposibles de justificar. Todo bajo el amparo de la impunidad.
En la Cuarta Transformación que se dice se práctica fuera de las fronteras de Chiapas, eso justo está pasando y que en este espacio ya se ha dado cuentas, por ello este gobierno se juega mucho en materia de transparencia y honestidad para no ser más de lo mismo.
Chiapas tiene la oportunidad de ser ejemplo de integridad pública y protección social, con mecanismos sólidos de vigilancia patrimonial y cumplimiento riguroso de normativas. Solo así se podrá garantizar un futuro donde la corrupción sea expulsada y la seguridad, una realidad para todos.
El negocio personal debe quedar atrás. Ojalá el bienestar social que tanto se pregona sea una realidad que beneficie a todos, no sólo a unos cuantos y parece que se va en buen sendero.
