EDITORIAL

Calendario exhibió la fractura del sistema educativo

En política, pocas cosas ocurren por casualidad. Mucho menos cuando desde el poder se impulsa un tema capaz de acaparar titulares nacionales, dividir opiniones y desplazar del debate público asuntos mucho más delicados. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la propuesta de reducir el calendario escolar impulsada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, una decisión que terminó convertida en una tormenta mediática y que, curiosamente, coincidió con el resurgimiento de los señalamientos contra Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Se equivoca quien piense que la discusión sobre el calor, el Mundial de Futbol o el desgaste de alumnos y maestros fue el verdadero motivo detrás del reajuste escolar. El fondo parece mucho más político que pedagógico. Lo que se necesitaba era cambiar la conversación nacional, mover reflectores y reducir los decibeles de un escándalo que sigue generando incomodidad en el gobierno federal.

Porque el caso Rocha Moya no ha desaparecido. Sigue presente. Sigue generando dudas. Sigue alimentando sospechas. Y en medio de ese escenario apareció la SEP con una propuesta improvisada, mal explicada y peor defendida. Una estrategia que terminó exhibiendo no sólo falta de planeación, sino también un enorme desprecio hacia maestros, padres de familia y el propio sistema educativo nacional.

El problema no fue únicamente anunciar una reducción del calendario escolar. El verdadero error vino después, cuando las críticas comenzaron a multiplicarse y desde la SEP se optó por justificar la medida con argumentos ofensivos y profundamente desafortunados. Decir que después del 15 de junio “ya no se enseña nada” en las escuelas equivale a aceptar, desde la propia autoridad educativa, que el sistema vive una simulación permanente.

Peor aún, las declaraciones de Mario Delgado terminaron retratando a los docentes como trabajadores improductivos que pasan semanas enteras sin cumplir realmente con su labor. El mensaje fue devastador: los maestros descansan demasiado, los padres y madres de familia usan las escuelas como guarderías y el cierre del ciclo escolar es prácticamente tiempo muerto.

¿De verdad ese era el diagnóstico oficial de la educación mexicana? Si así fuera, entonces el problema sería muchísimo más grave de lo que la SEP quiere reconocer. Porque significaría aceptar que millones de estudiantes permanecen durante semanas dentro de un sistema que ya dejó de enseñar, mientras el Estado simplemente observa con indiferencia.

La ofensa alcanzó también a los padres de familia, particularmente a las madres trabajadoras que manifestaron su preocupación por no tener dónde dejar a sus hijos si el calendario se acortaba. La respuesta implícita fue brutal: la escuela no está para cuidar niños. Una afirmación fría, desconectada de la realidad social y pronunciada desde el privilegio burocrático de quien probablemente nunca ha tenido que resolver cómo trabajar y cuidar hijos al mismo tiempo.

Más allá de las intenciones políticas, la polémica terminó exhibiendo otra realidad incómoda: el enorme deterioro del discurso educativo oficial. En lugar de defender la importancia de la enseñanza, del acompañamiento pedagógico y del trabajo docente, la SEP terminó minimizando el valor de las aulas durante el cierre del ciclo escolar.

Y ahí surge otra contradicción. Si el propio secretario reconoce que en junio y julio prácticamente ya no existe actividad académica seria, entonces también está admitiendo que el sistema educativo federal arrastra vicios estructurales que nadie ha querido corregir. En otras palabras, la SEP terminó validando la percepción de que el cierre escolar es un periodo de simulación administrativa, festivales, convivios y baja exigencia académica.

El daño no es menor. Porque mientras el país enfrenta enormes rezagos educativos, abandono escolar y bajos niveles de aprendizaje, desde el gobierno se lanza el mensaje de que semanas enteras del calendario son prácticamente irrelevantes.

En medio de todo esto, también queda en entredicho la narrativa de organizaciones sindicales como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que mantienen presión constante sobre el gobierno federal mientras la propia autoridad educativa deja entrever que buena parte del cierre escolar carece de productividad real.

Al final, Mario Delgado terminó abriendo un frente innecesario. Quiso desviar la atención y acabó provocando una discusión nacional que exhibió las fracturas del sistema educativo mexicano, la fragilidad política del gobierno y la desconexión de la SEP con la realidad social del país.

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