Se olvidaron de Inzunza
A Morena y al gobierno federal parece habérseles escapado un tema que, lejos de ser menor, amenaza con convertirse en un lastre político: el del senador Enrique Inzunza. Su negativa a solicitar licencia para separarse del cargo no solo tensiona el discurso oficial, sino que expone fisuras internas en la llamada Cuarta Transformación.
Rubén Rocha Moya ya dejó la gubernatura de Sinaloa, en una maniobra que sugiere más contención de daños que convicción política, mientras espera que su situación no derive en una extradición hacia Estados Unidos. Ambos, el exmandatario y el senador, han sido señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en un expediente que difícilmente puede reducirse a una narrativa de persecución.
Las acusaciones contra Inzunza no son menores: conspiración para el tráfico de narcóticos, uso de armas de fuego y sobornos. El señalamiento central apunta a una presunta protección institucional a redes criminales a cambio de financiamiento ilícito, un escenario que, de confirmarse, pondría en entredicho la integridad de estructuras clave del poder público.
El tema llegó a la Comisión Permanente del Senado, pero el propio legislador optó por no asistir, bajo el argumento de no prestarse a ser “carne de cañón” de la oposición. La ausencia, sin embargo, no desactiva el problema; por el contrario, lo agrava en términos de percepción pública y credibilidad institucional.
No se trata, como se insiste desde el oficialismo, de una conspiración de adversarios políticos. Los efectos de la crisis de seguridad y gobernabilidad son tangibles y persistentes, y no han podido ser contenidos pese a los intentos de desviar la atención hacia enemigos externos o internos.
La resistencia de Inzunza a separarse del cargo para enfrentar las investigaciones abre un flanco incómodo para Morena. Mientras se logró persuadir a Rocha Moya de dimitir bajo aparentes acuerdos políticos, el senador permanece como un factor de riesgo no resuelto, una prolongación de la influencia del exgobernador que complica la narrativa oficial.
No es un legislador menor. Inzunza preside la Comisión de Estudios Legislativos, una de las más influyentes del Senado, donde se define la viabilidad jurídica de reformas clave, y participa en otras comisiones estratégicas como Justicia, Gobernación, Defensa Nacional y la Jurisdiccional. Su posición lo coloca en el centro del andamiaje legislativo del proyecto de gobierno.
Su trayectoria incluye la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa y la Secretaría General de Gobierno durante la administración de Rocha Moya, desde donde operó la gobernabilidad estatal. Más que un perfil ideológico, su carrera responde a una lógica de cercanía con el poder y especialización técnica en el ámbito jurídico y político.
Sin embargo, su historial también arrastra señalamientos graves. Existe una denuncia por acoso sexual que nunca alcanzó resolución clara. En 2018, la jueza Ana Karina Aragón Coutiño lo acusó formalmente por hostigamiento y difusión de material íntimo sin consentimiento. Aunque la fiscalía cerró el caso por un supuesto perdón de la víctima, ella misma ha sostenido posteriormente que dicho perdón fue producto de presiones y nunca se ratificó legalmente, dejando el expediente en una zona de ambigüedad jurídica.
El caso Inzunza no solo interpela a un individuo, sino a la capacidad del gobierno y de Morena para sostener su discurso anticorrupción frente a hechos que exigen claridad, congruencia y rendición de cuentas. Ignorarlo o minimizarlo no parece una estrategia sostenible.
Bajo estas circunstancias, es hasta probable que nos estemos amaneciendo con la noticia de que por fin dejó el cargo pues la rebatinga que se generó ayer en el Senado de la República ha obligado a Morena y a la presidencia de la República a apretar tuercas antes de que el mundo el caiga encima de forma abrupta.
