Iglesia católica se solidariza con Madres Buscadoras
El drama de las personas desaparecidas dejó de ser hace tiempo un asunto marginal para convertirse en una de las crisis más dolorosas y vergonzosas del país. No es un problema nuevo, pero sí uno que ha crecido al amparo de la omisión, la impunidad y, en muchos casos, la indiferencia institucional.
Las protestas de las familias —en su mayoría encabezadas por madres— no son un capricho ni un acto de presión política: son el grito desesperado de quienes buscan lo que el Estado no ha podido —o no ha querido— encontrar. Y en ese vacío, otros actores han decidido intervenir.
La Iglesia Católica, una de las instituciones más solidarias con esta causa, ha externado y exigido la intervención de las autoridades para que acompañen en las labores de búsqueda, faciliten los traslados y, en su caso, se encarguen de financiar los recorridos.
El tema, por sí solo, es delicado y resulta comprensible que sea uno de los más sensibles, debido al dolor que manifiestan no sólo las madres buscadoras, sino toda persona que tiene lazos de amistad o parentesco con algún desaparecido.
En este sentido, la Iglesia Católica en todo el país ha levantado la mano para solidarizarse y acompañar, de alguna forma, a quienes exigen respuestas y demandan información que permita dar con el paradero de quienes han sido privados de su libertad o, en el peor de los casos, de quienes no se sabe nada: si continúan con vida o han fallecido.
En Tuxtla Gutiérrez, el arzobispo Francisco González González ha sido una voz autorizada y de liderazgo, al mantenerse al frente y atento a que las madres buscadoras cuenten con alternativas para conocer el posible paradero de sus familiares reportados como ausentes.
En este contexto, destacan dos acciones que merecen especial reconocimiento por la importancia que representan en la esperanza de encontrar a los seres queridos desaparecidos. La primera consiste en las misas que se celebran cada domingo de mes en la Catedral, donde se ora y se pide por su localización con vida o, en su defecto, por conocer su paradero.
Es sabido que, por miedo a la reacción de grupos criminales, muchas personas prefieren no involucrarse en asuntos que consideran ajenos; de ahí la percepción generalizada de que se omite declarar o aportar información sobre hechos de los que se tiene conocimiento, como la forma en que ocurrieron los “levantones”, quiénes participaron o dónde podría localizarse a la persona desaparecida.
Se entiende esta postura; sin embargo, el miedo ha ido en aumento y, al no contribuir con información, los grupos criminales ganan terreno al sentirse intocables.
La segunda acción es la propuesta de instalar buzones en las iglesias para que, a través de cartas o escritos, la ciudadanía pueda aportar información de manera anónima, evitando así posibles represalias.
De esta manera, las madres buscadoras tendrían una opción segura para obtener datos específicos que contribuyan a la localización de sus familiares.
Isabel Torres, integrante del colectivo, señaló que estos buzones “buscan abrir una vía segura y confidencial para que la ciudadanía pueda aportar datos sobre el posible paradero de personas desaparecidas, la ubicación de fosas clandestinas o cualquier indicio que contribuya a las búsquedas”.
En el Centro Estatal de Reinserción Social “El Amate” ya operan cuatro buzones; sin embargo, el miedo sigue siendo el principal obstáculo que enfrenta la población. Las cifras son preocupantes: tan sólo en Chiapas existe un registro oficial de mil 800 personas desaparecidas, aunque se presume que el número podría ser mayor debido a la falta de denuncias.
Incluso, el temor persiste entre las propias madres buscadoras, quienes han intentado implementar estas iniciativas en municipios donde la violencia es predominante, como La Concordia, Villaflores, Venustiano Carranza, Ocozocoautla y Jiquipilas.
Recientemente, se viralizó un video en redes sociales en el que la Fiscalía General del Estado sostiene una reunión con las madres buscadoras. En este contexto, parece que el Estado ha comprendido que la prioridad para evitar más casos de desaparición es aplicar la ley y combatir, con firmeza, la operación de grupos armados en territorio chiapaneco.
No hay alternativa: de no hacerlo, la situación podría agravarse en cualquier momento. Es indispensable ofrecer esperanza a las familias, demostrar que existe un esfuerzo real por encontrar a sus seres queridos con vida o, al menos, por conocer su paradero.
