Batres, la ministra, da la espalda a su “pueblo”
Conforme pasan los días y se llevan a cabo las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el verdadero pueblo de México se va dando cuenta de que su “representante” les da la espalda.
Ahora resulta que la controvertida magistrada, Lenia Batres, la que peleó ante el Instituto de la Propiedad para que le validaran el autonombrado mote de “ministra del pueblo”, parece más una abogada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El martes votó en contra de amparar a un niño con discapacidad de escasos recursos. Lo inverosímil es que su argumento en el pleno fue que no hay “un estudio de cuánto le costaría al Estado pagar una prótesis auditiva, lentes e implantes cocleares a menores de edad”. Su postura debería ser defender y ser interlocutora a favor de los más necesitados, no violar los derechos humanos de la niñez.
La ignorancia de este personaje va acorde con todos esos momentos grotescos en los que “mete la pata” y es el hazmerreír de sus propios compañeros ministros y ministras, así como del pueblo mexicano.
El hecho de que haya votado en contra de apoyar a la niñez no implica que deba fungir como defensora legal de una institución que busca cuidar su capacidad presupuestal para asumir esa obligación de forma generalizada. No es su posición y, al contrario, debería, en todo caso, ser gestora para contribuir a darle solución al problema que padecen millones de infantes.
La polémica funcionaria federal enseñó muy pronto de qué lado está y su disfrazada política de ser defensora social quedó al descubierto. Sus intenciones supinas son eso: justamente una burla, porque a ella no le importa si cierta institución no tiene la capacidad material y financiera para proveer insumos de forma generalizada sin evidencia técnica.
Su discurso se contrapone con la embestida que encabezó contra el Grupo Salinas para que este pagara los adeudos que tenía ante el Sistema de Administración Tributaria, bajo el entendido —así se interpreta entonces— de que la empresa tiene dinero para solventar sus adeudos.
La congruencia tiene que ser parte de la integridad personal de cada funcionario o servidor público que representa los intereses del pueblo, y ello no parece ser lo que practica la señora Batres, quien recientemente encabezó otro bochornoso acto: votar a favor de amparar al ISSSTE, dirigido por su hermano Martí Batres, frente a un cobro de más de 5 mil millones de pesos por concepto de predial acumulado, reclamado por el gobierno de la Ciudad de México durante la administración de Miguel Ángel Mancera.
Los hechos hablan por sí solos, pues si el IMSS o el ISSSTE no cuentan con recursos, ese no es problema de las terceras personas afectadas. Aquí, tanto los niños como el gobierno de la Ciudad de México salieron perjudicados. Pero eso no importa: el protagonismo y el tráfico de influencias superan la realidad.
La forma en que desafía a sus propios compañeros del pleno la identifica como una seria amenaza, aunque también habría que reconocer que sus decisiones no son propias, sino que obedecen a instrucciones de personajes que no están visibles, pero que “velan” por los intereses del pueblo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que enderezar el rumbo y conducir los destinos del país bajo decisiones correctas, sobre todo cuando la nueva época del Poder Judicial está en entredicho por la forma fraudulenta en que asumió la encomienda que postuló la Cuarta Transformación.
