El desafío del gobernador, reactivar el campo
Después de años marcados por la incertidumbre, Chiapas parece entrar en una etapa donde la seguridad deja de ser un fin en sí mismo para convertirse en el cimiento de algo más ambicioso: el desarrollo integral. La administración de Eduardo Ramírez Aguilar ha comenzado a trazar una ruta que, al menos en el discurso y en las primeras acciones, reconoce que el campo no es solo un sector económico, sino el corazón social y productivo del estado.
Lo ocurrido en Siltepec es una muestra concreta de ello. La inversión superior a 103.7 millones de pesos para beneficiar a más de 25 mil productores de la Sierra Mariscal no solo representa un apoyo financiero; es también un mensaje político: el campo importa. Sin embargo, más allá de la cifra, lo relevante es el enfoque. Apostar por el fortalecimiento de las cadenas productivas implica entender que el problema no termina en la siembra, sino que atraviesa la comercialización, el acceso al crédito y la resiliencia ante fenómenos naturales.
En este sentido, la decisión de implementar seguros agrícolas y ganaderos marca un punto de inflexión. En una región donde el clima puede ser tan adverso como impredecible, proteger cultivos de maíz, sorgo y café frente a incendios o inundaciones no es un lujo, sino una necesidad estructural. Lo mismo ocurre con los créditos a tasas preferenciales y la instalación de viveros para revitalizar la cafeticultura en decenas de municipios. Son medidas que, bien ejecutadas, pueden romper ciclos de vulnerabilidad histórica.
La firma del convenio en Villaflores con Acreimex, que contempla una bolsa de 1,700 millones de pesos, abre otra ventana de oportunidad. El acceso al financiamiento ha sido, durante décadas, una de las principales barreras para el crecimiento del campo chiapaneco. Reducir las tasas al 10% anual y ofrecer créditos escalonados podría detonar proyectos productivos que hoy permanecen estancados. No obstante, aquí surge un reto clave: garantizar que estos recursos lleguen realmente a quienes los necesitan y que no se diluyan en trámites, intermediarios o discrecionalidad.
Por otro lado, la estrategia sanitaria implementada en Pichucalco frente al gusano barrenador refleja una visión preventiva que pocas veces se prioriza. La entrega de miles de dosis de ivermectina y la coordinación con instancias zoosanitarias y fuerzas de seguridad evidencian que la protección del hato ganadero también forma parte de la seguridad económica. Sin sanidad animal, no hay mercado posible.
Finalmente, la incorporación de 371 médicos especialistas al sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas añade una dimensión social indispensable. El desarrollo rural no puede sostenerse sin servicios básicos de salud. La llegada de personal médico a comunidades históricamente desatendidas es, en sí misma, una inversión en productividad y bienestar.
Ahora bien, el desafío no es menor. Las acciones descritas apuntan en la dirección correcta, pero su impacto dependerá de la continuidad, la transparencia y la capacidad de articular esfuerzos entre niveles de gobierno y actores locales. El campo chiapaneco no necesita únicamente programas; requiere políticas sostenidas, acompañamiento técnico y, sobre todo, confianza.
Impulsar el campo en Chiapas no es solo una cuestión económica, es una apuesta por la estabilidad social. Si la seguridad fue el primer paso, el verdadero examen será convertir esa paz en prosperidad tangible para miles de familias que, desde hace generaciones, trabajan la tierra esperando algo más que sobrevivir: la oportunidad real de progresar.
