Ciudad de México. La diputada federal, Martha Aracely Cruz Jiménez (PT), presentó este lunes una propuesta para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), realice una “auditoría integral, exhaustiva y urgente” a las transferencias federales que ha recibido el gobierno de Salomón Jara mediante el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que ascienden a más de 123 mil 700 millones de pesos desde 2023.
Solicitó que la ASF aplique no sólo las sanciones administrativas que correspondan, sino presente las denuncias penales en contra de los servidores públicos que resulten responsables del presunto desvío por el pago de “aviadores” en el Instituto Estatal de Educación Pública e Oaxaca (IEEPO).
La investigación, dijo la legisladora en conferencia de prensa, es necesaria después de que se reveló que ex funcionarios del gobierno de Juchitán de Zaragoza fueron incluidos como aviadores en la nómina educativa del IEEPO, durante la dirección de Emilio Montero Pérez, “jefe político” del alcalde, Miguel Sánchez Altamirano, preso en el penal el Altiplano por extorsión gravada y contra la seguridad del Estado.
Montero Pérez renunció el viernes tras el proceso contra Sánchez Altamirano.
Cruz Jiménez explicó en el punto de acuerdo que entregó hoy, que el FONE “es uno de los pilares financieros más importantes del Estado mexicano, diseñado exclusivamente para garantizar el pago de servicios de educación básica y normal” y permite garantizar que “el salario de los docentes llegue de manera íntegra y oportuna a quienes verdaderamente se encuentran frente al aula cumpliendo con la noble labor de educar a nuestra niñez y juventud”.
Sin embargo, refirió, en los días recientes a partir de la detención de Sánchez Altamirano y la renuncia de Montero Pérez, se han expuesto de forma pública tanto denuncias ciudadanas como notas periodísticas en Oaxaca, “que alertan sobre un preocupante y sistemático desvío de estos fondos federales”.
Citó que, hasta el momento, la evidencia digital recopilada mediante denuncias públicas en plataformas informativas como en redes sociales expone presuntas irregularidades graves en la dispersión de la nómina educativa de la entidad.
“Estas anomalías incluyen la presunta asignación de plazas, salarios y prebendas a personas que no ejercen ninguna función docente ni administrativa, comúnmente denominados ‘aviadores’, así como desvíos financieros que merman gravemente la calidad educativa y el presupuesto destinado al desarrollo regional”, indicó.
En su documento señaló que esta situación no sólo constituye un agravio directo al erario y al patrimonio de los oaxaqueños, sino que representa una probable violación flagrante a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“Como representantes populares, no podemos permanecer indiferentes ante el uso clientelar, opaco y corrupto de los recursos que constitucionalmente pertenecen al sector educativo, el cual ya enfrenta profundos rezagos estructurales en el sur del país”, resaltó.
Ante ello, consideró necesario que tanto la ASF como la auditoría del estado “actúen con absoluta firmeza, transparencia y apego a derecho. La ASF tiene la obligación legal e histórica de salvaguardar el correcto ejercicio del gasto público, de auditar exhaustivamente las partidas asignadas al FONE en el estado, deslindar las responsabilidades administrativas o penales a las que haya lugar y garantizar la restitución de cada peso desviado”.
