Fiscal general señaló que la reforma representa un paso relevante para fortalecer el acceso de las mujeres a la justicia y obligará a las autoridades a investigar con perspectiva de género los casos de homicidio
Karla García / Diario de Chiapas
Tras la aprobación de la llamada Ley Petrona por parte del Congreso del Estado el pasado 29 de abril de 2026, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que la reforma representa un paso relevante para fortalecer el acceso de las mujeres a la justicia y obligará a las autoridades a investigar con perspectiva de género los casos de homicidio en los que sean señaladas las mujeres.
Entrevistado al término de la sesión legislativa, el titular de la Fiscalía General del Estado explicó que las modificaciones al Código Penal incorporan elementos que permitirán analizar el contexto de violencia en cada caso y valorar si existieron condiciones de legítima defensa.
Indicó que esta reforma dota a la institución de herramientas legales para realizar investigaciones con enfoque de género y atender de manera integral los hechos en los que una mujer haya actuado para proteger su vida o la de sus hijas e hijos.
Llaven Abarca recordó que el caso de Petrona marcó un precedente en Chiapas al ser, dijo, el primero que se investigó desde el acto inicial con perspectiva de género. Explicó que durante las indagatorias se documentó que por más de 20 años vivió violencia sistemática y permanente por parte de su agresor.
Añadió que el día de los hechos Petrona enfrentaba una agresión que ponía en riesgo su vida, la de sus hijos menores y además se encontraba embarazada de tres meses, por lo que sostuvo que actuó en defensa propia.
El fiscal subrayó que la intención de la reforma es evitar que las mujeres que se vean obligadas a defenderse sean automáticamente criminalizadas. No obstante, precisó que la nueva disposición no constituye un “certificado de impunidad”.
Explicó que cada caso deberá investigarse y analizarse bajo criterios específicos, entre ellos la existencia de un contexto de violencia sistemática y permanente, la presencia de un peligro real e inminente, la proporcionalidad entre la agresión y la reacción, así como determinar que la mujer no haya provocado al agresor.
“También es cierto que algunas mujeres cometen homicidios y se van a investigar como tal”, puntualizó.
Sobre los desafíos para aplicar esta legislación en pueblos y comunidades indígenas, donde persisten prácticas que en ocasiones normalizan la violencia contra las mujeres, Llaven Abarca sostuvo que los sistemas normativos internos o usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres.
Anunció que iniciará una jornada de visitas a municipios indígenas y adelantó que Tenejapa, donde ocurrió el caso Petrona, será el primer punto de esta estrategia.
El objetivo, dijo, será llevar un mensaje de igualdad, respeto y prevención, para evitar que más mujeres enfrenten escenarios extremos de violencia que las obliguen a defender su vida. “No queremos tener más Petronas”, expresó.
