Marco Alvarado / Diario de Chiapas
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señaló al Estado mexicano por obstaculizar y debilitar deliberadamente los casos de desaparición forzada.
Según el organismo, las autoridades sumergen estas graves violaciones de derechos humanos en “simples trámites administrativos, superficiales, e investigaciones infructuosas”.
El Frayba critica que tanto las acciones de búsqueda como las investigaciones judiciales no son ni diligentes ni eficaces, una práctica que se agrava por la continua ignorancia de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Como ejemplo paradigmático de esta impunidad estructural, el Frayba señala el caso de Antonio González Méndez, Base de Apoyo del EZLN, desaparecido el 18 de enero de 1999 en el municipio de Sabanilla, a manos del grupo paramilitar “Organización Desarrollo Paz y Justicia”.
A pesar de que la Corte IDH notificó el 12 de diciembre de 2024 una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, que ordenaba investigaciones diligentes para dar con el paradero de González Méndez, un año después los resultados son nulos.
El Frayba subraya que el caso “sigue sin ser clarificado” y que la sentencia de la Corte IDH ya da por hecha la hipótesis de la desaparición forzada, además de responsabilizar al Estado mexicano por impulsar a los grupos paramilitares en la zona.
A 27 años de la desaparición, el caso de González Méndez se ahoga en una investigación calificada como “infructuosa,” limitada a “actos simbólicos o en simple papel,” sin líneas de acción claras para identificar y procesar a los responsables, tanto materiales como intelectuales, bajo los estándares internacionales de derechos humanos.
El Frayba reitera que las desapariciones forzadas cometidas en el contexto del Conflicto Armado Interno, iniciado el 1 de enero de 1994, no prescriben. Esta obligación de rendición de cuentas del Estado sienta un precedente histórico para otras víctimas de violaciones graves.
La organización acusa que la persistente impunidad y el incumplimiento parcial de la Sentencia de la Corte IDH son una clara evidencia de las enormes dificultades para que un fallo internacional se traduzca en transformaciones reales y tangibles.
