• El Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas presenta informe donde dan a conocer aumento de agresiones a defensores de derechos humanos en la entidad, incluyendo el Soconusco.
Jorge Pérez Pólito
En el último año aumentaron 25 por ciento las agresiones a defensores de los derechos humanos en Chiapas, en donde Tapachula y la región Soconusco también han registrado “violencia contextual” hacia las personas que luchan por las libertades fundamentales.
Al presentar en Tapachula el Informe 2025 denominado «Chiapas, la Paz Pendiente”, el Grupo de Trabajo Región Frontera del Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas dio a conocer que en el 2025 se documentaron en la entidad un total 124 agresiones a personas defensoras de derechos humanos en el estado, un 25 por ciento más que en el 2024.
La integrante de dicho observatorio y coordinadora de la ONG Swefok México, Josefine Sjoberg informó que de estas agresiones el 83 por ciento fueron dirigidas y el 17 por ciento fueron agresiones contextuales, relacionadas más con el contexto de violencia en el estado. “El 65 por ciento fueron agresiones físicas y el 37 por ciento agresiones digitales; según los datos, es que fueron agredidas un total 103 personas, varias de ellas sufrieron más de una agresión durante el año”, precisó.
En el encuentro con medios de comunicación en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova de Tapachula, la activista resaltó que el 70 por ciento de las agresiones fueron hacia mujeres y el 30 por ciento hacia hombres. “Las agresiones que predominan son vigilancia, intimidación, seguido de la difamación, criminalización y el abuso de autoridad”, expresó.
Señaló que las personas defensoras que se encuentran en más riesgo y quiénes más agresiones han sufrido durante el año fueron las que luchan por la tierra y su territorio, quienes trabajan para el acceso a la justicia, por los derechos de los pueblos originarios y los defensores de los derechos de las mujeres.
“Hay actores desconocidos, donde no se ha logrado identificar quién es el agresor, pero también actores estatales, especialmente en los casos de difamación en donde aparecen autoridades gubernamentales y finalmente aparecen actores claramente vinculados al crimen organizado”, manifestó la activista.
