5600
Ciudad de México. Ante las recientes críticas al Instituto Nacional Electoral (INE), en el sentido de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le volvió a “corregir la plana”, consejeros de este órgano dijeron que no se dejarán intimidar por estos comentarios. Una de ellas, Frida Gómez Puga, dijo que ha recibido “amenazas graves” que ponen en riesgo su integridad y la de su familia por haber propuesto un mecanismo para dar salida a las boletas planchadas o sin dobleces.
Enseguida tomó la palabra el consejero Arturo Chávez, en defensa de su colega y de las decisiones que toma el INE en el ejercicio de su facultad de interpretar la norma.
“Quiero decirles que la interpretación de la norma es inherente a todo proceso jurídico. Quien crea que ‘la ley es la ley’ tiene un pensamiento autoritario. En este Consejo hemos diferido más de una vez sobre tal o cual medida que se debe tomar”.
Recordó que tanto en el INE como en el TEPJF no siempre se resuelve por unanimidad y que los magistrados algunas veces le dan la razón al criterio aplicado por el INE y otras tantas, no.
“El Tribunal no corrige la plana a nadie, como dice cierta propaganda amarillista, ni da estrellitas cuando ratifica una decisión. Por otro lado, el trabajo colegiado no significa unanimidad”, aseveró.
El primer punto del orden del día era el acatamiento a una sentencia del TEPJF para permitir la participación de los partidos en las sesiones de la Comisión de Verificación de Candidaturas. No obstante, la consejera Gómez incluyó ahí el punto de las boletas planchadas y defendió la propuesta, a partir de la cual se construyó el acuerdo revocado ayer por el TEPJF.
La consejera argumentó que con el mecanismo presentado en el Consejo buscó subsanar una omisión histórica de los partidos frente a un fenómeno —el de las boletas planchadas— presente en México desde los años sesenta.
Esa deuda histórica —advirtió— “no puede pagarse con el descrédito, la intimidación o la persecución de las autoridades electorales”.
Sostuvo que el INE no aprobó la validez de las boletas sin marcas y tampoco buscó beneficiar a alguna fuerza política, sino llevar la revisión de estas papeletas a los consejos distritales, donde todos los partidos tienen representación.
Dijo que asumió el “costo político” de su propuesta porque no llegó al INE a “administrar silencios ni a acomodar convicciones u opiniones técnicas”.
Sin embargo, agregó la consejera Gómez Puga, “las campañas de descrédito no solo buscan afectar reputaciones; estas pueden convertirse en una forma de presión sobre quienes tenemos responsabilidad de decidir”.
Incluso mencionó que ese fenómeno, el de las campañas de descrédito, es un problema global en el cual primero se cuestionan las decisiones del árbitro electoral y luego se desacredita a quien las toma.
“Si esto se normaliza, la presión puede terminar buscando inhibir la libertad de decidir. En esta herradura, pensar distinto nunca debe convertirse en un riesgo, debe seguir siendo una expresión legítima de la democracia”.
Consejeros defienden la Comisión de Verificación
Luego pidió la palabra la consejera Norma de la Cruz para decirles a los representantes partidistas que son ellos los responsables de los candidatos que inscribirán para la contienda del año próximo.
Les recordó que la revisión es voluntaria y que sus resultados —de la indagatoria hecha por instancias de seguridad pública e inteligencia financiera— no son de acatamiento obligatorio.
Enseguida habló el consejero Uuc-kib Espadas, quien subrayó que esta Comisión de Verificación “no tiene como finalidad ni podría de ninguna manera garantizar la pulcritud de las candidaturas”, sino proporcionar un servicio a los partidos. Aparte, subrayó, el INE no manejará información sobre la integridad de las candidaturas ni tomará decisiones.
A su vez, la consejera Carla Humphrey recalcó que la comisión será, en los hechos, “una mera oficialía de partes” y que no se sabe cómo se armará el análisis de riesgos respecto de una u otra candidatura.
Por tanto, la consejera consideró que el INE se queda corto, pues, en su opinión, sería más útil incluso para los partidos recibir información de fiscalización, por ejemplo, en lugar de sobres con documentos elaborados por distintas instancias.
“Entonces, partidos, yo agradezco este ejercicio de acudir al Tribunal, de impugnar, pero, igual que ustedes, las consejerías integrantes o no de esta Comisión, no conocerán ninguna información porque así está planteada”, advirtió.
Tras escuchar a sus colegas, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, reprochó a los partidos no haber manifestado su solidaridad con Gómez.
En cuanto a la Comisión de Verificación, dijo que la revocación del TEPJF fue parcial y solo se ordena al INE hacer compatible la participación de representantes partidistas con la protección de la confidencialidad de la información.
En cuanto a las críticas por los supuestos reveses al INE por parte de los magistrados, sostuvo que no son descalificaciones generales al trabajo del instituto, sino revisiones en el ámbito jurisdiccional, que es el propósito de los medios de impugnación.
“Que un Tribunal revise y modifique una determinación administrativa no significa que la autoridad deje de cumplir sus responsabilidades, ni que todo su trabajo haya sido incorrecto”, dijo Taddei.
Significa —añadió— que existen mecanismos institucionales de revisión que deben respetarse. “La sentencia tiene un alcance específico y ese es el alcance que debemos reconocer, sin ampliarlo ni reducirlo por razones de conveniencia política (…) El INE no puede renunciar a tomar decisiones por el temor de que sean impugnadas”.
