Mantecón Vázquez expresó su confianza en la imparcialidad del Poder Judicial local y federal, destacando que el avance del expediente demuestra la efectividad de las instituciones.
Edén Gómez Bernal / Diario de Chiapas
Jaime Darío Mantecón Vázquez denunció que el litigio por la Sociedad de Producción Rural Villa Carriedo, en el cual lleva más de cuatro años exigiendo sus derechos, se encuentra en una etapa decisiva tras la emisión de un mandato emitido por la justicia federal.
El afectado explicó que la disputa versa sobre una empresa ganadera familiar en la que posee formalmente el 50 por ciento del patrimonio y no sobre un reclamo hereditario, como se ha especulado públicamente.
Tras dedicar tres décadas de trabajo continuo para consolidar y rescatar la solvencia financiera de la compañía, fue removido de forma irregular del accionariado mediante maniobras ilícitas ejecutadas con la complicidad de notarios públicos.
En el aspecto estrictamente legal, Mantecón Vázquez detalló que la contraparte recurrió a la elaboración de dos actas de asamblea apócrifas en las que no consta su firma ni su consentimiento, simulando una renuncia voluntaria a su participación en la sociedad.
Esta alteración documental permitió que fuera excluido de las actividades y utilidades de la firma ganadera, la cual continúa facturando e ingresos de manera indebida.
Ante estas irregularidades, el entrevistado procedió legalmente e hizo las notificaciones pertinentes ante las instancias de fe pública, señalando directamente la participación de su hermano —quien también ejerce como notario— y de otro fedatario de la región en la estructuración de dicho fraude.
La situación jurídica ha tomado un giro determinante a partir de la intervención de un juez federal, quien emitió una orden directa para obligar a las partes involucradas a presentarse a una audiencia judicial en los próximos días.
Esta comparecencia tiene carácter estrictamente obligatorio y no admite excusas ni dilaciones, lo que abre el camino de forma definitiva para el inicio del juicio formal.
El afectado subrayó que cuenta con los elementos de prueba necesarios para sustentar sus acusaciones, por lo que anticipa un fallo favorable que permita restituir sus derechos constitutivos sobre la empresa, así como la revisión exhaustiva de las operaciones financieras y recursos generados ilegalmente durante su exclusión.
Mantecón Vázquez expresó su confianza en la imparcialidad del Poder Judicial local y federal, destacando que el avance del expediente demuestra la efectividad de las instituciones frente a intentos de dilatación por parte de actores con mayor poder económico.
Finalmente, confió en que la resolución de este caso marque un antecedente jurídico relevante sobre la responsabilidad de los fedatarios públicos en actos de falsificación patrimonial en Chiapas.
