Marco Alvarado / Diario de Chiapas
El Congreso local propuso una medida legal para asegurar que ninguna persona agresora llegue al poder, ni que se convaliden elecciones donde se haya ejercido violencia en cualquiera de sus tipos, formas y manifestaciones.
Propuesta que acompañan la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Magali Anabel Arellano Córdova; con apoyo de la consejera del IEPC, María Magdalena Vila Domínguez, y la Presidenta de la Red Chiapas por la paridad efectiva (REPARE) María Teresa Olvera Caballero.
Con esto, se buscan elecciones limpias y proteger los derechos de las mujeres; para lograrlo, se propone modificar los artículos 38 de la Constitución Política Federal y 103, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas. La primera parte de la propuesta busca alinear las leyes locales con la Constitución Federal
El objetivo es que la regla sea clara y contundente: cualquier persona que cuente con una sentencia firme emitida por autoridad jurisdiccional electoral o resolución definitiva por cometer violencia política de género quedará suspendida en sus derechos político electorales. No podrá registrarse como candidata a puestos de elección popular ni ocupar ningún cargo en el servicio público.
El segundo gran avance es la reforma a la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Chiapas. Con este cambio, cualquier elección podrá ser anulada si se demuestra que durante el proceso electoral una persona cometió violencia política en razón de género.
Además, la reforma incluye un castigo severo: el partido político o el candidato que resulte responsable de cometer estas agresiones no podrá participar en la nueva elección extraordinaria que sea convocada. De esta forma, las reglas federales y locales estarán alineadas y no dejarán vacíos legales.
