Bernardo Figueroa
La ley como muro de contención del delito
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La paz comienza a defenderse en el momento menos evidente, cuando se firma el arrendamiento de un local comercial y las partes creen que todo se reduce a un acuerdo privado de pago mensual. El anuncio del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sobre una iniciativa de ley para la administración y el aprovechamiento de bienes asegurados, abandonados y decomisados en Chiapas adquiere relevancia porque responde a una preocupación concreta por establecimientos que operan fuera de la legalidad y que pueden convertirse en espacios propicios para actividades criminales. La certeza de los arrendatarios sobre el fin y el aprovechamiento de los bienes arrendados constituye un muro de contención frente a la delincuencia, pues quien ocupa un inmueble debe conocer los límites del uso convenido y cumplir los requisitos legales de su giro, mientras el arrendador tiene la responsabilidad de cerciorarse sobre quién ocupará su propiedad y para qué será utilizada. Verificar licencias, compatibilidad de uso de suelo y medidas de protección civil antes de iniciar operaciones aporta certeza a ambas partes y evita que un acuerdo privado termine comprometiendo la tranquilidad de toda una comunidad.
La advertencia cobra especial importancia en bares, cantinas y centros nocturnos, espacios donde se vende y se consume alcohol y donde la irregularidad administrativa puede escalar hacia riesgos mayores. El gobernador señaló que algunos negocios incumplen horarios y disposiciones administrativas. Hay lugares que han sido asegurados en más de una ocasión porque presuntamente sirven como puntos de distribución de drogas, situación que pone en juego la integridad de los asistentes, la seguridad de la colectividad y la confianza de las familias que esperan que sus hijos regresen con bien después de una noche de recreación. Estos espacios deben regularse para poder distinguir al empresario que invierte y cumple sus obligaciones del que se vale de la clandestinidad para obtener ventajas, ya que los permisos sanitarios, las inspecciones de protección civil y los horarios autorizados no son casuales, tienen una razón de interés público orientada a prevenir accidentes, conflictos y conductas delictivas. La autoridad debe supervisar con criterios objetivos y sancionar infracciones comprobadas, evitando que la actividad económica legítima compita en desventaja frente a establecimientos que eluden controles y ponen a las personas en riesgo. Escuchar a quienes generan empleo ayudará a diseñar controles aplicables y verificables, y la legalidad ganará terreno con obligaciones claras, permisos sin favoritismos e inspecciones ajenas a la discrecionalidad.
CHIAPAS Y EL ORDEN LEGAL DE LOS ESPACIOS ARRENDADOS
Chiapas merece un marco legal amplio y transversal que ordene la convivencia sana y cierre cualquier recoveco donde pueda florecer la delincuencia. Para lograrlo, deben coordinarse ayuntamientos, autoridades sanitarias, protección civil, instituciones de seguridad y Fiscalía dentro de sus respectivas atribuciones, ya que los vacíos entre dependencias favorecen la impunidad y dejan crecer irregularidades hasta provocar consecuencias mayores. Prevenir también implica hacer que las instituciones se comuniquen y respondan con oportunidad. La iniciativa encuentra antecedentes en la legislación chiapaneca sobre bienes asegurados y en las normas que regulan los establecimientos comerciales, por lo que su verdadera aportación deberá medirse en la precisión de sus procedimientos y en la armonía con el orden jurídico existente. Aseguramiento, decomiso y extinción de dominio son figuras diferentes, sujetas a presupuestos propios, y el artículo 22 constitucional junto con los criterios de la Suprema Corte impiden equiparar una infracción administrativa con las causas legales para perder la propiedad. El Congreso tiene la responsabilidad de examinar cuidadosamente los alcances de la propuesta, proteger el patrimonio legítimo y dotar a las autoridades de herramientas eficaces para actuar frente a delitos acreditados.
ABRIR PUERTAS AL TRABAJO HONESTO Y CERRARLAS A LA DELINCUENCIA
La firmeza estatal necesita pruebas, debido proceso y garantías para quien actúa de buena fe, por lo que una norma que fortalezca la administración de bienes legalmente asegurados, permita conocer su finalidad y asegure mecanismos efectivos de defensa será más útil que cualquier advertencia imprecisa. Chiapas vive una nueva era de aplicación y observancia de la ley, cuya trascendencia debe reflejarse en la vida pública, y la determinación expresada por Eduardo Ramírez Aguilar debe entenderse en esa ruta de recuperación de espacios para la legalidad. Toda medida constitucionalmente sólida que frene posibles actos delincuenciales y evite alteraciones a la paz social merece ser bienvenida, siempre que se aplique con constancia, imparcialidad y transparencia, porque la seguridad exige prevención permanente y decisiones que demuestren que las reglas tienen consecuencias.
Corresponderá al Congreso construir una reforma jurídicamente sólida y a las autoridades aplicarla de manera constante, imparcial y transparente. El propósito debe ser impedir que un establecimiento sirva de refugio a la delincuencia, que un propietario responsable padezca arbitrariedades o que una familia se acostumbre al desorden en su entorno. Preservar la paz exige cerrar las puertas al delito y mantenerlas abiertas al trabajo honesto, con una legislación que proteja la certeza de los arrendatarios, ordene la convivencia y responda a la confianza ciudadana en las instituciones.
Desde el café: El diputado Mario Guillén, informó que en la sesión ordinaria del Congreso del Estado, se aprobó un punto de acuerdo mediante el cual la legislatura local exhorta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para analizar y considerar la reclasificación de las tarifas de energía eléctrica en diversos municipios de Chiapas, atendiendo las condiciones climáticas y las necesidades de las familias chiapanecas… La reunión del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, con pobladores de Soledad de los Cerezos, en San Cristóbal de Las Casas, confirma que el programa Acercando la Justicia al Pueblo avanza hacia una atención más directa y permanente. Recibir a la comunidad en la sede judicial de San Cristóbal de las Casas permite conocer inquietudes y sostener un compromiso con una justicia humanista y accesible. Ese diálogo gana valor cuando la escucha se traduce en seguimiento y respuestas verificables, pues así se fortalece la confianza ciudadana y la cultura de paz. La atención y presencia en el territorio confirma que la justicia se acerca a quienes la necesitan… La entrega de certificados de bachillerato a policías de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, de la Campaña Preparatoria Abierta para Servidores del Pueblo, contó con la presencia del gobernador Eduardo Ramírez, del fiscal general del Estado Jorge Luis Llaven Abarca y del secretario Óscar Aparicio. La formación académica de quienes arriesgan su vida por la seguridad de Chiapas fortalece capacidades profesionales, dignifica el servicio y abre oportunidades para sus familias. El gobierno reconoce ese esfuerzo con becas y un aumento salarial significativo el próximo año, lo que persuade sobre la importancia de invertir en capital humano. La capacitación es fundamental para la función pública y la voluntad de estudiar transforma trayectorias. El secretario Aparicio destacó que nadie se queda atrás y que educación y capacitación construyen un Chiapas más seguro. Esta política humanista de la Nueva ERA dignifica a los cuerpos de seguridad y demuestra que servir con vocación y disciplina produce bienestar y paz…
Para terminar: “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa”. Lo dijo Cesare Beccaria.
Son cuestiones del oficio, sigue sin ser nada personal.
cafetomano@hotmail.com




