Tiene razón la diputada del PAN, Jovannie Ibarra Gallardo, cuando apunta que quienes están al frente de la seguridad y la procuración de justicia —tanto en el estado como en los municipios— deberían dejar de lado sus aspiraciones políticas. Y es que la confusión entre funciones públicas y ambiciones electorales ha terminado por convertir cargos delicadísimos en simples plataformas de autopromoción. El resultado es evidente: menos atención a las tareas esenciales y más distracción en juegos de poder.
La diputada advierte que, si quienes conducen la seguridad no rompen sus vínculos con la política electoral, se corre el riesgo de dejar sin atender los desafíos más urgentes: violencia creciente, flujos ilegales y la presencia de estructuras criminales en expansión. Chiapas —señala— necesita mandos dedicados exclusivamente a su labor, no operadores que utilicen la institución como trampolín para buscar candidaturas.
Pero si a esas vamos, habría que reconocer una realidad incómoda: en Chiapas, difícilmente la política se ha desligado de las aspiraciones personales de quienes ocupan puestos clave en la estructura gubernamental, particularmente en la Fiscalía General del Estado, en la Secretaría de Seguridad del Pueblo y en las direcciones municipales de Seguridad. La tradición ha sido, más bien, la contraria: usar esos espacios como antesala de un futuro político.
La iniciativa presentada por Ibarra Gallardo ante el Congreso del Estado —bajo el nombre “Justicia y Seguridad Prioritaria”— parte de un argumento sensato: quienes encabezan instituciones de seguridad y justicia no deberían invertir tiempo en construir campañas mientras aún están encargados de proteger a la ciudadanía. Su propuesta exige que, para contender por un cargo de elección popular, estos funcionarios renuncien al menos tres años antes de la jornada electoral.
Sin embargo, si la legisladora está pensando en 2027, los tiempos simplemente no dan. El actual secretario de Seguridad y el fiscal llevan apenas un año en funciones, y faltan menos de dos para los comicios. En el mejor de los casos, la iniciativa aplicaría hasta 2030. Y siendo francos, tal como opera la política local y la tradicional forma de seleccionar candidaturas, es probable que la propuesta termine arrumbada en algún cajón legislativo.
La diputada sostiene que, de aprobarse, Chiapas enviaría un mensaje contundente: la conducción de la seguridad pública es un encargo que exige exclusividad y no puede mezclarse con objetivos político-electorales. Un mensaje que, sin duda, haría falta en medio de un clima donde la línea entre funcionario y aspirante se desvanece con facilidad.
El proyecto plantea modificar los artículos 40, 52, 80 y 95 de la Constitución estatal, estableciendo requisitos y tiempos específicos para quienes deseen competir después de haber dirigido instituciones de seguridad o procuración de justicia. “Nadie que haya encabezado estas áreas podrá ser candidato hasta tres años después de dejar el cargo”, dice la iniciativa, con la intención de evitar que posiciones tan sensibles se conviertan en plataformas políticas.
La legisladora remata recordando que las familias chiapanecas necesitan funcionarios verdaderamente comprometidos, sin distracciones, sin cálculos electorales y sin el riesgo de que la vida democrática termine aún más judicializada.
Buena iniciativa, sí. Pero en un contexto donde tantos intereses cruzan la seguridad pública, queda por ver si el Congreso la toma en serio… o si todo queda, como tantas veces, en un buen discurso para la tribuna.
