Miguel Ángel Godínez García
Ayotzinapa, una herida que no se cierra. No fue el Ejército.
A casi 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y ante el fracaso de dos administraciones para llegar a la verdad, el gobierno de Claudia Sheinbaum pretende abrir una nueva línea de investigación que involucra al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, quien fue detenido este jueves. Presuntamente, el exmandatario ordenó la desaparición de los videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, con la intención de ocultar información relacionada con el destino de los estudiantes y la actuación de las corporaciones involucradas.
Dichos videos contendrían el registro del bloqueo al autobús Estrella de Oro 1531, en el que presuntamente se trasladaba droga de Guerreros Unidos, cuyos integrantes confundieron a los estudiantes con miembros de grupos rivales. Las cámaras habrían captado a los agresores, el traslado de los estudiantes en patrullas y su entrega a los criminales, lo que permitiría determinar su posible destino.
Aguirre Rivero tuvo acceso a los primeros reportes de lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 y, antes de que la PGR, encabezada por Jesús Murillo Karam diera a conocer la llamada verdad histórica, publicó el libro autobiográfico La otra verdad, en el que narra lo ocurrido en Ayotzinapa. En los capítulos dedicados al caso, Aguirre reconoce que el Ejército mexicano estuvo presente en Iguala, pero sostiene que únicamente participó en labores institucionales de seguridad y coordinación posteriores a los ataques, como recientemente confirmó la CNDH. En su narrativa, el exmandatario insiste en que no hubo una intervención directa del Ejército y que la responsabilidad inmediata recaía en el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca; las policías municipales de Iguala y Cocula, y el grupo criminal Guerreros Unidos.
* Cada vez más, EU estrecha el cerco contra los cárteles mexicanos. El Departamento de Justicia acusó formalmente a cinco líderes del CJNG, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Washington está decidido a desmantelar esa organización e ir en contra de funcionarios y políticos mexicanos que brindan protección al crimen organizado. Estos mensajes no deben ser desestimados por el gobierno mexicano, sobre todo cuando, el año pasado, el Comando Norte realizó el ejercicio TITUS Wargame 2025, que simuló el despliegue de Fuerzas Especiales, conocidas como «Boinas Verdes», para combatir a los cárteles en territorio mexicano. El escenario contempló, además, asesorar y fortalecer a las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército mexicano y de la Marina.
A ello le suma el Escudo de las Américas, con la Operación Lanza del Sur, mediante la cual Estados Unidos amplía su estrategia militar y de seguridad para combatir el narcotráfico transnacional en 18 países de América Latina.
* El huachicol fiscal que en teoría combate la FGR y que llevó a prisión a Ernesto Ruffo Appel no tiene nada que ver con las investigaciones que realizan las fiscalías de Chicago, Nueva York y San Antonio, en EU. En sus expedientes figuran nombres de políticos mexicanos y empresarios de aquel país. Se habla de al menos dos gobernadores, exsecretarios de Estado, legisladores, los hijos del expresidente López Obrador y del propio exmandatario.
* Si la FGR, encabezada por Ernestina Godoy, no ha querido proceder en contra del senador de Morena, Adán Augusto López, la Corte del Distrito Sur de Nueva York sí lo hará. Se dio a conocer que giró una orden de aprehensión contra el legislador, presuntamente por delincuencia organizada, tráfico de drogas y armas, lavado de dinero y cohecho. El problema es que la orden no es internacional y solo procederá si pisa territorio estadounidense.
* La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, afirmó haber recibido amenazas por escrito contra su persona, sus bienes y su familia. Además, la FGR reactivará el expediente que la acusa de traición a la patria por desmantelar un narcolaboratorio donde estuvieron presentes dos agentes de la CIA. En contraste, la gobernadora de BC, Marina del Pilar, que buscó ser informante de la CIA, el FBI o la DEA y que son elementos para una acusación por traición a la patria, goza de la protección de su partido y del gobierno federal.
De Imaginaria. El secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla, ordenó el traslado inmediato de 1,557 elementos del Ejército mexicano para reforzar la seguridad en Michoacán ante una mayor presencia de los cárteles. La crisis de seguridad hizo que EU suspendiera la compra de aguacate, afectando a miles de productores.
