El grave “delito” de informar tiene consecuencias
Ejercer el periodismo en México se ha convertido, desde hace años, en una sentencia permanente de incertidumbre. Informar ya no solo implica investigar, contrastar y publicar hechos; significa también exponerse a amenazas, persecuciones y, en el peor de los casos, perder la vida. Paradójicamente, quienes cumplen con la responsabilidad social de mantener informada a la ciudadanía suelen desempeñar su labor en condiciones precarias y con salarios que poco corresponden al riesgo que enfrentan.
Aun con ese panorama, que evidencia la desigualdad en el ejercicio de esta actividad frente a otras profesiones que también requieren estudios de licenciatura, las agresiones, amenazas e incluso los asesinatos de comunicadores continúan, repitiéndose a lo largo y ancho del territorio nacional.
En un país donde la incidencia delictiva ha crecido de manera alarmante, muchos de los periodistas que cubren la nota roja y documentan los hechos de violencia son vistos por los grupos criminales como enemigos o como un obstáculo para sus intereses ilícitos.
El atentado contra Marcos Ramos, corresponsal de esta casa editorial y responsable del portal Real Cintalapa, vuelve a encender las alarmas. No se trata únicamente de un ataque contra un periodista; es un atentado contra el derecho de toda la sociedad a estar informada.
A Marcos Ramos se le conoce como un periodista ecuánime, honesto, trabajador y, sobre todo, objetivo y profesional. Desde estas líneas, el gremio periodístico reprueba enérgicamente el atentado del que fue víctima en el municipio de Cintalapa, minutos después de haber dado cobertura al partido de la Selección Mexicana. El comunicador fue atacado a balazos.
El acto criminal merece la condena absoluta. Afortunadamente, las heridas que sufrió no ponen en riesgo su vida; sin embargo, el ataque obliga a reflexionar sobre el creciente clima de violencia contra los medios de comunicación, particularmente en la región de Cintalapa y Jiquipilas, donde es conocido que operan grupos del crimen organizado.
En esta casa editorial existe el antecedente de que Marcos Ramos ha cubierto con profesionalismo y eficiencia tanto acontecimientos de interés general como sucesos de nota roja. Sin embargo, en ningún momento se ha involucrado en la cobertura de enfrentamientos o hechos de sangre protagonizados por grupos armados.
De ahí surge la interrogante: ¿por qué la agresión? ¿Se trata de un ataque dirigido específicamente contra él o de un mensaje de los grupos criminales para intimidar tanto a la prensa como a las corporaciones de seguridad que combaten la delincuencia en esa región? Por ahora nadie lo sabe. La respuesta deberá surgir de las investigaciones que realicen las autoridades competentes.
El antecedente más cercano ocurrió en junio de 2024, cuando fue asesinado en Cintalapa el periodista Víctor Culebro, quien daba seguimiento a los enfrentamientos entre grupos armados que operaban en la zona y, además, mantenía una postura crítica hacia el entonces alcalde Ernesto Cruz Díaz, posteriormente desaforado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
Aunque nunca pudo comprobarse judicialmente, sobre el ex presidente municipal recayeron fuertes sospechas de estar relacionado con el homicidio de Víctor Culebro.
En el caso de Marcos Ramos no existe un antecedente similar. Por ello, la pregunta que hoy inquieta al gremio periodístico de la región es inevitable: ¿y nosotros por qué?
La incertidumbre que hoy invade al gremio tiene fundamento. El propio Marcos Ramos ha confesado que, cuando los medios para los que colabora le solicitan información relacionada con hechos de la delincuencia organizada, prefiere no difundirla e, incluso, ha llegado a plantear su renuncia, pues considera que su seguridad y la de su familia están por encima de cualquier cobertura periodística. Así lo declaró en una entrevista concedida a Diario de Chiapas.
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado informó que un grupo especial de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y peritos especializados fueron comisionados para realizar las investigaciones correspondientes, con el objetivo de localizar y detener a los responsables del atentado.
Por el bien de Marcos Ramos, de su familia y de todo el gremio periodístico chiapaneco, lo único que puede esperarse es que la justicia llegue esta vez con prontitud. La libertad de expresión no puede seguir pagándose con amenazas, atentados o vidas humanas.
