Mario Caballero
CHIAPAS: modelo de disciplina financiera yomariocaballero@gmail.com
Hace un par de semanas, hubo un tema del que poco se ha hablado pero que merece la debida importancia: el control de las finanzas públicas estatales.
Esto surgió durante la Segunda Convención Financiera del Estado, donde el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar señaló que gracias al correcto manejo de los recursos públicos, los ahorros institucionales y el respaldo federal, fue posible consolidar obras prioritarias para la entidad y fortalecer programas sociales. Lo cual ha puesto a Chiapas como ejemplo de disciplina financiera a nivel nacional.
ANTES
Históricamente, el sur de México ha cargado con el estigma del rezago, y no sólo en infraestructura, sino también en la percepción de la gestión de sus recursos públicos. Razón por la cual el estado chiapaneco ha aparecido ubicado en los primeros lugares de las regiones más pobres del país, con deudas extremas, atrasos en todos los rubros y falta de transparencia.
Sin embargo, los vientos políticos y económicos soplan ahora con una dirección distinta. La administración de Ramírez Aguilar ha comenzado a reafirmarse como un referente inédito de salud financiera, rompiendo con los viejos moldes del endeudamiento desmedido y la opacidad que caracterizaron a la entidad en las últimas tres décadas.
Para dimensionar el avance actual, es obligatorio voltear a ver al pasado.
No vayamos tan lejos, empecemos por el arranque del nuevo milenio, cuando se lanzó la promesa del cambio a partir de la transición democrática.
El gobierno de Pablo Salazar, por ejemplo, a pesar de haber entregado al final del sexenio una deuda pública controlada, heredó un sinfín de fallas estructurales de fiscalización en los municipios. Es decir, la carencia de mecanismos para evitar el despilfarro, los privilegios con cargo al erario público y la corrupción de los presidentes municipales.
Podría decirse que en ese periodo se sembró la semilla de la discrecionalidad.
Aunque Pablo recibió un estado con una deuda manejable de menos de mil millones de pesos, su gestión debilitó a los órganos de fiscalización municipal. Ante la falta de una estructura sólida, los recursos federales y estatales se asignaron a placer y capricho, de manera centralizada, sin reglas claras de operación ni indicadores de impacto social.
Por lo mismo, los alcaldes hicieron lo que les vino en gana con el dinero del pueblo. Si llegaron pobres al poder, se fueron convertidos en nuevos millonarios. Como el caso de Juan Sabines Guerrero, que siendo presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez logró acumular gran parte de la deuda estatal. ¿Se acuerda del proyecto “Agua para todos, todos los días”? Pues al final resultó ser una tapadera de corrupción.
El gobierno siguiente, precisamente de Sabines Guerrero, fue el gobierno de la quiebra técnica y la impunidad legislativa.
Sabines orquestó una de las deudas más severas del país al disparar la deuda pública de casi 900 millones de pesos a más de 16 mil millones en créditos bancarios, que sumados a pasivos, esto es, deuda con proveedores del gobierno, y la polémica bursatilización de bonos estatales, orillaron al estado a un pasivo real estimado en 40 mil millones de pesos.
Meses antes de entregar el mando, Sabines solicitó un préstamo por arriba de los cinco mil millones para el proceso de entrega-recepción, que contemplaba pago de salarios y prestaciones de los burócratas y pago de proveedores, pero debido a la presión política y social nada más obtuvo poco más de tres mil millones de pesos.
Dicho préstamo fue posible por la aprobación de los entonces diputados locales, que comían de la mano de Juan Sabines, quienes según también se llevaron su buena rebanada del pastel. Entre esos diputados estaba el todavía director general del IMSS, Zoé Robledo.
La administración de Manuel Velasco Coello fue la era de las empresas fantasma.
Durante ese sexenio, la deuda bancaria escaló a su pico histórico de más de 22 mil millones de pesos. Las fallas de fiscalización no fueron omisiones, sino un sistema diseñado para el desvío de recursos públicos.
El Servicio de Administración Tributaria y la Auditoría Superior de la Federación detectaron esquemas masivos de triangulación de recursos públicos, como la denominada “Estafa Verde”, mediante la cual se desviaron más de 500 millones de pesos a través de seis empresas que operaban con identidades robadas y domicilios fiscales falsos. Esto sólo por mencionar algo.
Para rematar este breve recuento, el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, cuñado del presunto líder de La Barredora, Adán Augusto López Hernández, fue el de la austeridad fachada y los servicios fantasma.
La narrativa de Escandón Cadenas se concentró en la supuesta contención de la deuda bancaria, pero la fiscalización federal desnudó graves inconsistencias antes de concluir su mandato.
Investigaciones de la ASF y diversos informes de la cuenta pública revelaron presuntas anomalías financieras por más de 700 millones de pesos en la contratación de servicios que nunca se llevaron a cabo y, de forma inverosímil, pagos emitidos a personas fallecidas. O los 58.4 millones que se pagaron por la compra de patrullas inexistentes a proveedores cuyos domicilios fiscales resultaron ser lotes baldíos.
LA NUEVA ERA
Hoy, la fórmula implementada por Eduardo Ramírez marca un punto de inflexión. No se trata de narrativa oficialista. Todo lo contrario, los datos respaldan la disciplina fiscal que a diferencia de otros sexenios prioriza la inversión pública sin recurrir a nuevos préstamos.
Las principales estrategias incluyeron la reestructuración de la deuda histórica. Su gobierno refinanció más de 18 mil 800 millones de pesos en pasivos heredados, lo que permitió liberar más de 6 mil millones que fueron redirigidos a programas sociales, educación, salud y, sobre todo, seguridad.
También implementó una política que prioriza el manejo eficiente de los recursos propios, garantizando con ello que no se adquiera nueva deuda y evitar gastos inútiles y privilegios.
A través de la Secretaría de Finanzas se han ampliado las bases de recaudación de manera ágil, poniendo en marcha acciones de apoyo a la economía familiar, como el programa “Borrón y cuenta nueva” para la regularización vehicular. Esto es lo que podría llamarse como recaudación eficiente con rostro humano.
Asimismo se han establecido procesos rigurosos para las compras públicas y licitaciones, exigiendo honestidad y cero simulaciones para asegurar que cada peso se invierta donde se necesita y de manera transparente.
No menor en importancia, ahora se realizan convenciones financieras periódicas para asesorar y vigilar que los municipios hagan un ejercicio responsable de sus presupuestos y cuenten con finanzas ordenadas.
El gran mérito del gobierno de Ramírez Aguilar –digámoslo así- es demostrar que la honestidad administrativa es la mejor política económica. Gobernar con finanzas sanas no es una narrativa, sino una realidad, un acto portentoso de justicia social que supera el fantasma de la herencia maldita del endeudamiento.
Si el ritmo se mantiene, el modelo de disciplina y transparencia de Eduardo Ramírez no sólo seguirá destacando a nivel nacional, sino dejará una vara muy alta para las futuras generaciones de gobernantes del país.
El sur, por fin, pone el ejemplo.
