En chino, poner orden con las propinas
El tema de los abusos de algunos prestadores de servicios por el cobro de propinas llegó hasta el Congreso del Estado, donde los diputados aprobaron un punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que aplique la ley y cumpla con su función, evitando que los consumidores tengan que pagar de manera obligatoria por la prestación de un servicio.
El detalle es que parece que los legisladores le “piden peras al olmo”, debido a que la institución defensora de los consumidores no tiene la capacidad para andar del tingo al tango supervisando los abusos que se denuncian con nombre y apellido. Son quejas públicas que la población hace visibles y presenta ante la Profeco, pero ésta, simple y sencillamente, no actúa.
El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que “los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”; es decir, la propina es voluntaria y no puede incluirse en la cuenta ni obligarse a los consumidores a pagarla.
Restaurantes, bares, servicios turísticos y hoteles son los principales sectores señalados como promotores de los cobros obligatorios. Ante la ineficacia de la Profeco, la LXIX Legislatura local exhortó a dicha institución a poner en marcha acciones de vigilancia y supervisión para garantizar el carácter voluntario de la propina y evitar que ésta se refleje automáticamente en los tickets de pago de los consumidores.
El tema resulta, al final, irrisorio porque, insistimos, la Procuraduría no cuenta con el personal suficiente para emprender una “cacería” contra quienes imponen prácticas desleales para cobrar por un servicio cuyo costo, en teoría, ya debería estar implícito en lo que ofrecen.
El problema no es exclusivo de Chiapas; es de carácter nacional. De ahí que bien podría impulsarse una propuesta desde el Congreso de la Unión para promover una iniciativa que termine con el cobro obligatorio de propinas.
La propuesta no es descabellada, aunque afectaría intereses financieros de empresas y negocios que recurren a esta práctica, dado que muchos sólo pagan el salario mínimo bajo el argumento de que los parroquianos son quienes deben compensar el servicio mediante las propinas.
Es cierto que no todos los negocios aplican este cobro, pero sí una gran mayoría. De ahí la importancia de erradicar esta práctica. Los prestadores de servicios podrían incluir el costo real de la atención en sus precios y dejar que sean los propios consumidores quienes valoren si el servicio merece una gratificación adicional o, en su caso, decidan acudir a otro establecimiento.
La realidad es que no se observa a la Profeco realizando supervisiones constantes y efectivas, debido al escaso personal con que cuenta para desarrollar dicha tarea. Aunque la dependencia asegura que aplica sanciones por violar esta norma, no existe una estadística clara sobre cuántas multas ha impuesto, contra qué negocios ni con qué frecuencia.
No se trata de ser malinchistas con la dependencia encargada de defender al consumidor, sino de exigir que obligue a los prestadores de servicios a exhibir sus precios con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido y transparentar cualquier costo adicional.
Lo lógico sería que los empresarios ajustaran salarios dignos para sus trabajadores y que, desde el momento en que el cliente entra al negocio, se solidarizaran con esta causa social mediante carteles visibles donde se informe que la propina es completamente voluntaria.
Por ahora no se vislumbra otra opción, porque eso de que la Profeco vigile y ponga orden, sí que está en chino.
