Carlos Almazán / Diario de Chiapas
El 12 de diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó la sentencia que condena al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, Base de Apoyo del EZLN, ocurrida el 18 de enero de 1999 en Sabanilla, Chiapas, en el contexto de la estrategia contrainsurgente implementada tras el levantamiento armado de 1994. El tribunal acreditó la responsabilidad del grupo paramilitar “Organización Desarrollo Paz y Justicia” y determinó que el Estado mexicano impulsó y toleró su actuación.
A un año de esta resolución histórica, el cumplimiento de la sentencia no ha sido debidamente priorizado. Las acciones emprendidas por las autoridades se han limitado a trámites administrativos y diligencias superficiales que no han derivado en una investigación eficaz ni en avances reales para la localización de Antonio González Méndez.
Pese a que la Corte IDH dio por probada la desaparición forzada y la responsabilidad estatal, las autoridades continúan tratando el caso como una hipótesis no esclarecida, lo que profundiza la desconfianza de las víctimas y sus familiares.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, México supera actualmente las 115 mil personas desaparecidas, mientras que la Fiscalía General de la República reconoce que menos del 2 por ciento de los casos han concluido en sentencias condenatorias.
En Chiapas, organismos oficiales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han documentado que, durante la década de los noventa, existieron condiciones de violencia sistemática contra comunidades indígenas, con participación directa o indirecta de agentes estatales.
La Corte IDH ordenó al Estado mexicano realizar una investigación seria, identificar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, fortalecer los mecanismos de búsqueda y adoptar reformas estructurales, como un registro confiable de personas desaparecidas y programas de prevención. Sin embargo, el incumplimiento parcial del fallo refleja las enormes dificultades para traducir una sentencia internacional en justicia efectiva.
Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y la familia de Antonio González Méndez se mantiene la exigencia de verdad y justicia plena. Este caso no solo representa una deuda histórica con una familia y una comunidad, sino que expone de manera cruda la crisis de impunidad que persiste en México y la urgencia de garantizar que la desaparición forzada no vuelva a repetirse.
