Ciudad de México. El vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE), en contra de Edson Saúl Andrade Lemus y del Partido Acción Nacional (PAN), por el posible delito de propaganda irregular para esa fuerza política, con “contratos simulados” por medio de una supuesta triangulación de recursos.
Indicó que Andrade Lemus, quien fue uno de los voceros de la marcha del pasado 15 de noviembre, y que en redes sociales se difundió como una manifestación de la Generación Z, recibió un contrato por 2 millones 157 mil pesos por parte del PAN en la capital, con el que paga a siete personas para realizar difusión en redes sociales para el partido, lo cual, subrayó, lo reconoció la presidenta del blanquiazul en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña.
Consideró que se trataría de “un esquema irregular sin duda de financiamiento de propaganda partidista, y esto exige sin duda la investigación conforme a las reglas actuales de fiscalización”.
Al presentar la queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, explicó que con ello se solicita investigar al PAN por probable “propaganda simulada con intervención ilegal de particulares, uso indebido de recursos, uso indebido de aportaciones, aportaciones prohibidas y actos contrarios al principio de equidad, de legalidad y de autenticidad del sufragio”.
También llamó a que la autoridad electoral «valore la instauración de un procedimiento oficioso al Partido Acción Nacional, una auditoría permanente a todos sus contratos, en virtud de que hay un reconocimiento explícito de la presidenta del Partido Acción Nacional (en la Ciudad de México), que la forma en la que le pagan a más gente, es con contratos simulados”.
Recordó que Edson Saúl Andrade Lemus se presentaba como uno de los principales voceros de la marcha del 15 de noviembre, además de que “se decía apartidista y que en medios también digitales decía nunca haber recibido un centavo para lo que hacía. Nosotros descubrimos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que había un contrato vigente, que superaba los 2 millones 175 mil pesos, y que sigue vigente en este momento”.
En tanto, refirió que en un debate televisivo, Gutiérrez Ureña reconoció la existencia del contrato pero argumentó que recurren a ello por la prohibición a los partidos que les impide destinar a nómina más del 35 por ciento de sus prerrogativas. “En consecuencia, reconoció que se le pagaban a siete jóvenes más a través de este contrato, lo cual sería una simulación absoluta. ¿A cuánta gente le paga el Partido Acción Nacional así? ¿Cuántos contratos existen a nombre de una persona para pagar otros conceptos?”, apuntó el morenista.
Ávila insistió que a la par “existe un esquema de propaganda política encubierta, hay mensajes, narrativas y convocatorias con impacto político electoral, donde se oculta el vínculo contractual y financiero con el Partido Acción Nacional”.
De confirmarse los elementos que presentan en la queja, expuso, «se constituirían un gasto no reportado, un esquema de triangulación de recursos, una aportación en especie no registrada, una subcontratación opaca y una estructura de propaganda partidista encubierta. Pero sobre todo, una violación directa a las obligaciones fiscales que están previstas en las leyes electorales”, lo que derivaría en una multa sin precedentes para el PAN.
Más tarde, entrevistado en la Cámara de Diputados, agregó que analizan si este caso constituye también conductas delictivas, ante lo cual presentarían una denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales.
