La reforma electoral que próximamente se echará a “discusión” y aprobación en el Congreso de la Unión recae, además de lo que representa la erogación de millones y millones de pesos que solo sirven para hacer más ricos a los dirigentes de los partidos, en la importancia de conservar o no los llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), que no son más que los encargados de organizar las elecciones municipales y estatales. Es decir, sirven para elegir a los alcaldes, a los diputados y al gobernador.
Las 32 entidades del país así funcionan, con características propias que las hacen diferentes, pero que en esencia tienen el mismo fin: la elección de quienes nos representan popularmente. Una discusión muy aparte sería si, en realidad, funciona el instituto en turno para avalar a los mejores hombres y mujeres que se postulan para competir por estas carteras. No hay que olvidar que también se incluyen a los regidores.
Cualquiera que haya trabajado en una elección local sabe que la tarea es ardua, tensa y, muchas veces, de alto riesgo. En los municipios, el poder no solo seduce: también descompone, enfrenta y genera tensiones. Por eso se necesitan instituciones arraigadas al territorio, con personal que conoce la dinámica política de cada región y que, además, ha aprendido a sortear conflictos que en muchos casos vienen de generaciones atrás.
La propuesta de desaparecer los OPLE —como el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en Chiapas— es, sin exagerar, una apuesta a la improvisación. Ni el INE tiene la estructura para absorber esa “chambota”, ni sería sensato desmantelar un modelo que ha funcionado. No se trata de capacidad técnica; se trata de realidad. El personal que opera elecciones municipales sabe lo que hace porque lo ha hecho durante años. Eso no se improvisa.
El trabajo es muy difícil y atareado, pero al mismo tiempo muy interesante, por esa adrenalina de entregar buenas cuentas, a sabiendas de que, en los municipios, sobre todo, existen peligros propios que se generan por tener el poder.
Ser alcalde, diputado o gobernador, en el llamado ámbito local, es el trofeo añorado por la mayoría de quienes entran a este “concurso”, pues representa no solo el poder que ya se mencionó, sino también ser amo y señor de todas las miradas.
En la reforma se contempla desaparecer a los OPLEs, que para el caso de Chiapas sería el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC). Sin duda, se trata de una propuesta que no entra en lo razonable, porque si esa “chamba” se la quieren dar al Instituto Nacional Electoral, sencillamente no tendrían la capacidad para llevarla a buen puerto.
Y no es justamente porque no haya capacidad, sino porque las decenas de personas que trabajan en el IEPC y en los órganos electorales municipales tienen una responsabilidad titánica que el INE no podría asumir.
Ya los presidentes y presidentas de los OPLEs en el país han dicho públicamente que desaparecerlos sería sencillamente un “caos electoral”. No podemos imaginarnos los problemas sociales que esto conllevaría si, en una elección normal, ya hay conflictos; que el INE se vea rebasado sería prácticamente llamar al desorden y a la quema de inmuebles electorales. Y no es una alerta infundada o terrorífica, no: es una realidad que deberían tomar en cuenta las autoridades.
El descontento por el resultado de una elección no se produce porque el IEPC o el INE hayan contado mal los votos, sino porque no hay la suficiente madurez para reconocer las derrotas cuando éstas se obtienen de forma transparente, ya sea por parte de los candidatos, de los partidos o porque la mediación política de la autoridad gubernamental es deficiente.
Defender la continuidad de los organismos electorales es lo mejor que se puede hacer, y como dice la titular del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Avendaño, los OPLEs han garantizado estabilidad y legalidad en los procesos electorales de todo el país.
Es digno reconocer que se tiene que defender el voto en la objetividad y en la legalidad, pero para ello se necesita un ente que lo organice, que sepa de qué se trata, y no empezar con experimentos que ha intentado hacer el gobierno y que, lamentablemente, en muchos casos le han salido mal.
Tanto el INE como el IEPC, para el caso de Chiapas, y como debe ser en todo el país, tienen una relación de trabajo que ayuda en gran medida a transparentar los procesos de selección. Organizar elecciones bajo las directrices del INE desde el centro del país sería tanto como decir que los votantes de Marqués de Comillas o de Palenque tengan que votar en Tuxtla. Eso es imposible y ridículo.
Lo mismo sucede en entidades donde, durante la jornada electoral, hay que hacer una doble función, como organizar comicios en zonas indígenas donde la elección de autoridades tradicionales se ejecuta por usos y costumbres, algo muy distinto a una elección tradicional. En suma, se alejaría del contexto social y político de la zona.
Que el INE haga la chamba del IEPC representa empezar de cero y, en ese proceso, no se ahorra dinero; al contrario, habría que invertir en la contratación y capacitación de personal. En nuestra humilde opinión, sería, en conclusión, una tontería pensar que las funciones de los órganos electorales locales las puede asumir el INE.
