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La ciudadanía chiapaneca ha subido el estándar de lo que esperan los políticos. Si en el pasado la administración pública podía esconderse tras la cortina de humo de la burocracia que solo le interesaba cumplir con una jornada laboral o se logró asentar una lejanía política que se desconectó de la ciudadanía, en el 2025, la visibilidad sobresaliente del gobernador del estado ha provocado un efecto que fomenta que la ciudadanía desee participar en toda actividad que la misma sociedad exige para mejorar la calidad de vida de todos.
El pulso de Chiapas camina ya con una nueva efervescencia. Después de periodos donde la participación social parecía confinada a agendas exclusivas y muy específicas o a la inercia de viejos patrones políticos, estamos presenciando una participación ciudadana que no solo observa, sino que exige, debate y se involucra activamente en la construcción de su entorno.
Este fenómeno, alimentado por la inmediatez de las redes sociales y una actividad inusitada gubernamental (que ha roto con la opacidad del pasado reciente), está redefiniendo el mapa sociopolítico de la entidad. El contexto es simple: la percepción de un gobierno estatal con alta visibilidad y dinamismo ha generado un efecto espejo en la sociedad, elevando el puntal de la expectativa y, con ello, el nivel de exigencia pública.
Este nuevo aire ciudadano se manifiesta en múltiples frentes, evidenciando una sociedad menos resignada y más articulada. Tomemos, por ejemplo, el debate sobre la modernización del transporte público con la llegada de plataformas como DiDi. Los medios de comunicación y las redes sociales, se llenaron de voces. Por un lado, la promesa de eficiencia y seguridad impulsada por el gobierno, que avaló un convenio con DiDi para modernizar el servicio, incluyendo a los taxistas tradicionales mediante el esquema “DiDi Taxi”.
Por el otro, la legítima preocupación de los choferes de plataforma que cuestionaron la falta de consulta y los altos costos operativos (comisiones, impuestos, retenciones). Este no es un simple conflicto gremial; es un ejercicio de ciudadanía donde se ha discutido la política pública, la regulación y la justicia social en el mercado. La sociedad, desde el usuario que busca un mejor servicio hasta el conductor que defiende su sustento, está obligando a que la modernización se dé con piso parejo y diálogo real.
En el ámbito de la seguridad y los derechos humanos, la actuación de las Madres Buscadoras es un testimonio desgarrador y a la vez inspirador de la ciudadanía en acción. A pesar de las acusaciones de violencia institucional por parte de algunas familias buscadoras hacia las dependencias que se encargan de procurar la seguridad, estos colectivos no han claudicado.
Su lucha ha trascendido el ámbito privado, de su dolor, para convertirse en una intervención política fundamental. En julio de este año, por ejemplo, los medios destacaron que las Madres en Resistencia no solo lograron hallazgos clave en sus búsquedas, sino que también consiguieron que la Fiscalía General elevara el monto de las recompensas a elevados montos de miles de pesos para agilizar las denuncias y búsquedas. Esto demuestra cómo la presión social organizada, incluso ante la adversidad y la insuficiencia gubernamental, puede mover estructuras de poder y generar políticas públicas concretas, como el aumento del monto de las recompensas, contribuyendo en el impacto directo en la justicia y la seguridad. Es una ciudadanía en resistencia que no espera la acción, sino que la provoca.
La forma en que esta ciudadanía se articula y desafía al poder a través de la movilización social y el uso estratégico de la información en redes, encuentra una referencia en el sociólogo español Manuel Castells, quien ha analizado cómo la «sociedad red» ha transformado la política, permitiendo que la ciudadanía se organice de manera horizontal, flexible y autónoma, desafiando a las instituciones jerárquicas del Estado. Las plataformas digitales, los medios de comunicación y los foros de debate se convierten en los espacios de contrapoder desde donde se exige la mejoría en todos los ámbitos.
Por otro lado, en la esfera educativa, la participación social en torno a «Chiapas Puede» es un ejemplo de ciudadanía vigilante y co-creadora. Más allá de los comités de padres de familia tradicionales, la sociedad se ha involucrado exigiendo cada vez más una educación inclusiva, pertinente y transformadora. Este compromiso ciudadano es un reflejo de que, en lugar de limitarse a recibir las políticas, la ciudadanía participa empujando a las autoridades a que el lema «Chiapas Puede» no sea solo un eslogan, sino un compromiso visible, con el que se garanticen entornos seguros y la mejoría de calidad de vida para miles de personas que se han alfabetizado.
El contraste con gobiernos anteriores es evidente y es, quizás, el motor principal de esta activación. La alta exposición y actividad diaria del actual gobernador de Chiapas en redes sociales y medios, ha establecido un nuevo estándar de rendición de cuentas e involucramiento gubernamental.
Esto ha generado una exigencia natural en torno a la calidad de su Gabinete. En la arena pública, la ciudadanía organizada y los analistas siguen de cerca la efectividad de cada dependencia. La crítica sobre el Gabinete es hoy una constante, reflejada en las redes sociales y foros de opinión, donde se pide que la eficiencia y la experiencia prevalezcan sobre cualquier otro criterio.
El ciudadano ya no se conforma con ver al gobernador hacer cosas, sino que va exigiendo que su equipo las haga bien. Sí, habrá quienes promueven las acciones de un gabinete estatal y habrá quienes critiquen dichas acciones, pero de eso se trata la democracia.
En el plano nacional, la tendencia es clara: José Woldenberg ha insistido en que una democracia se fortalece cuando la sociedad civil se apropia de los espacios públicos y cuando la relación entre gobernantes y gobernados se basa en la exigencia recíproca. Chiapas parece estar transitando hacia ese modelo, dejando atrás la pasividad para reclamar su papel como actor principal.
La construcción de la ciudadanía en Chiapas, en este 2025, se define por la capacidad de exigir al poder. Se ha roto con la dinámica de una paz simulada del pasado, donde la falta de escándalos significaba estabilidad.
Hoy, la estabilidad se busca en el debate abierto (transporte), la lucha incansable (Madres Buscadoras), la exigencia de calidad (Educación y Gabinete) y la visibilidad constante de la autoridad, por decir algunos de tantos temas que pueden debatirse. Es un proceso cargado de fricciones, donde las diferencias existen, pero que se canalizan en gran medida hacia la participación activa y la demanda de soluciones, y no solo hacia la protesta improductiva.
El reto es mantener la solidez argumentativa y la unidad más allá de las agendas individuales. Nos encontramos ante el empoderamiento de una ciudadanía consolidada. En los próximos años, veremos una ciudadanía chiapaneca que dejará de lado el clientelismo pasivo para exigir una agenda de desarrollo basada en la justicia, la eficiencia y, sobre todo, la participación real en cada decisión importante.
El llamado a la reflexión es para todos y, si se logra observar, Chiapas está dejando de ser solo un territorio de rezago para convertirse en un laboratorio de ciudadanía que seguramente permanecerá activa en la construcción de una mejor entidad de la República Mexicana.
