En tiempos donde la transparencia debería ser la insignia de todo servidor público, los gestos de fe y las fotografías con figuras del poder se vuelven, más que símbolos de cercanía, espejos de contradicciones. La diputada del Partido del Trabajo (PT), María Reyes Diego Gómez, presume en sus redes sociales imágenes junto al gobernador de Chiapas. En su perfil digital, se muestra devota, deseando bendiciones, salud, abundancia y paz para los suyos. Que nunca falte el pan, dice. Y, en efecto, con las nuevas concesiones de transporte gestionadas para su familia, difícilmente faltará algo en su mesa.
Entre fotos y más fotos, aparece sonriente en eventos de la LXIX Legislatura local. Sin embargo, ni una sola intervención en tribuna ni una propuesta visible ante el pleno la respaldan como legisladora activa. La productividad parlamentaria, al parecer, no es su fuerte. No lo decimos por juicio personal, sino porque su propia huella digital lo confirma: presencia pública, sí; trabajo legislativo, poco o nada.
No es una sorpresa. En Chiapas, la mayoría de los congresistas reproducen el mismo patrón: puntualidad para levantar la mano y aprobar lo que se les indica, pero sin profundidad en el análisis, sin debate, sin compromiso con la razón de ser del Congreso. La simulación se ha normalizado. Ser diputado o diputada ya no es sinónimo de representar al pueblo, sino una oportunidad para gestionar beneficios personales y garantizar privilegios futuros.
En la práctica, el cargo se convierte en trampolín. Desde esa posición, algunos consiguen concesiones, contratos o prebendas que los acompañarán cuando dejen la curul. Basta preguntar a los cientos de exlegisladores que, en la última década, salieron del Congreso chiapaneco con un “negocio personal” bajo el brazo. Cumplieron con su encomienda formal, pero no con la moral ni con la ciudadana.
La Cuarta Transformación prometió poner fin a estas prácticas. El discurso de “no mentir, no robar, no traicionar” se repite en actos oficiales y documentos, pero en los hechos, la política se ha enfriado en el hielo de la simulación. La corrupción, esa sombra persistente, sigue encontrando resquicios para mantenerse viva. Los casos se acumulan, y la narrativa de cambio se diluye en la costumbre del silencio.
Hoy, nuevamente, surge una historia que pone a prueba esa promesa de cero corrupción. El periodista Vinicio Portela hizo público un caso que ha encendido las alarmas: la diputada María Reyes Diego Gómez habría gestionado concesiones del transporte público a favor de su familia en la zona de Tonalá, su tierra natal.
De acuerdo con la información publicada, la Secretaría de Movilidad y Transporte otorgó 298 concesiones para el servicio de carga de materiales a granel. En ese listado, con fecha del 21 de mayo de 2025 y publicado en el Periódico Oficial número 41, aparecen los nombres de cuatro personas cercanas a la legisladora: Fátima Irene Castillejos Diego (Concesión SMyT-0531-2025), la propia María Reyes Diego Gómez (SMyT-0538-2025), Miguel Ángel Castillejos Diego (SMyT-0539-2025) y Miguel Ángel Castillejos Vila (SMyT-0540-2025). Los apellidos no mienten: se trata de sus hijos y su esposo.
Si la gestión se hubiera hecho por los propios beneficiarios, quizá no habría tanto revuelo. Pero en Tonalá, los rumores apuntan a un presunto tráfico de influencias. La sospecha crece porque la diputada, más allá de las fotografías religiosas y los mensajes de paz, no ha ofrecido una sola explicación pública. Su silencio pesa.
La transparencia no debería ser un lujo, sino una obligación. Si el proceso fue legítimo, la diputada tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de aclararlo. Pero si no lo fue, estaremos ante otro episodio que confirma que la “cuarta transformación” en Chiapas sigue tropezando con las mismas piedras de siempre: el abuso de poder, la opacidad y la impunidad.
El gobernador ha insistido en su compromiso de combatir la corrupción en todos los niveles. Este caso, sin duda, será una prueba de fuego para su administración. La autoridad competente debe intervenir, revisar el proceso de adjudicación y transparentar los criterios bajo los cuales se otorgaron las concesiones. La sociedad exige respuestas, no excusas.
Por ahora, en las redes sociales de la diputada reina el silencio. Ni una palabra sobre el tema, ni una aclaración ante la opinión pública. Ojalá lo haga antes de que concluya la semana, antes de que el puente del Día de Muertos entierre, bajo flores y copal, sea otro caso que hiere la credibilidad institucional. Porque los periodistas seguirán investigando, y más temprano que tarde, las verdades saldrán a la luz.
La transparencia no es solo un discurso: es la única vía para rescatar la confianza ciudadana. Chiapas merece saber si el poder se usa para servir o para servirse.
