Ainer González
“En Chiapas, hay ausencias que no duelen solo en el corazón, sino que erosionan la dignidad y la esperanza. Son los cuerpos que faltan y que el Estado no busca, los nombres que se diluyen entre archivos cerrados y carpetas empolvada”, destaca el informe más reciente del Frayba, “Tocar el vacío”, un trabajo que documenta la práctica sistemática de desapariciones forzadas, así como la impunidad que las hace posibles, cotidianas y casi invisibles.
Desde el levantamiento zapatista, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), refiere que el sur de México ha sido laboratorio de contrainsurgencia y silencio. Sólo entre 1994 y 2023, el Frayba señala que registró 51 casos de desaparición forzada, aunque el número real podría ser mucho mayor, dado a que las comunidades indígenas, las familias desplazadas, las víctimas del narco-Estado no siempre denuncian, y tampoco pueden, porque denunciar es arriesgarse a desaparecer también.
Uno de los casos más recientes y emblemáticos, recordó que ocurrió el 22 de octubre de 2023, cuando Pedro Hernández Pérez fue desaparecido en la comunidad de Emiliano Zapata, municipio de Altamirano. Ese día, un grupo civil armado lo interceptó y, la fecha su familia solo puede “tocar el vacío” que dejó.
No obstante, el informe recapitula que el patrón de las desapariciones se ha repetido en Chiapas; estado que se ha convertido en campo de disputa entre actores estatales, paramilitares y del crimen organizado.
Sin embargo, advierte que en el tema de las desapariciones forzadas, la complicidad o la omisión institucional son constantes, tal como fue el caso de José Miguel Jiménez López, secuestrado por el grupo armado “Los Petules” con conocimiento —y quizá permiso— de autoridades locales en octubre de 2023.
Detrás de cada desaparición, la organización defensora de los derechos humanos advierte que hay comunidades rotas, pues más de 3 mil 500 personas han sido desplazadas forzadamente por violencia armada en regiones como los Altos y Lacandona. “Vivir entre trincheras improvisadas, sin agua ni escuela, se ha vuelto rutina para familias tzotziles y tzeltales, mientras el gobierno simula estabilidad y lanza discursos sobre desarrollo”.
El informe también alerta sobre un fenómeno preocupante, que es la militarización del territorio chiapaneco. Por ejemplo, menciona que la presencia de la Guardia Nacional (GN), del Ejército, que lejos de proteger a la población ha generado y esparcido miedo en varias regiones, como Frontera Comalapa y Chicomuselo, don de los pobladores acusan que las fuerzas armadas permiten el libre tránsito de grupos armados y que, en ocasiones, participan activamente en operativos de represión y control.
Mientras tanto, lamenta que los desaparecidos sigan siendo cifras sin rostro para el sistema, porque el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reconoce apenas 218 personas desaparecidas en Chiapas entre 2006 y 2023, una cifra que el Frayba considera una subestimación brutal.
“Es una negación institucional de la existencia de la desaparición forzada como política”, sostiene el informe.
