El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo ayer que no es
creíble que las autoridades de Jalisco no supieran lo que ocurría en el Rancho
Izaguirre, en Teuchitlán. Su escepticismo no es gratuito. Lo descubierto ahí no es
solo una fosa clandestina, sino un campo de exterminio del Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG), con crematorios clandestinos y cientos de objetos personales
de sus víctimas.
Recordemos que en septiembre de 2024 la Guardia Nacional irrumpió en el
rancho, encontró a presuntos secuestradores, cadáveres y personas cautivas.
Luego, la Fiscalía estatal, bajo Salvador González de los Santos, tomó el control,
colocó sellos y se marchó, dando por terminado el asunto. Seis meses después, el
colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió que el sitio seguía en
operación y escondía una infraestructura diseñada para la desaparición masiva de
personas. El CJNG simplemente retomó sus actividades sin que nadie los
molestara.
El hallazgo reciente es aún más espeluznante. Se encontraron tres crematorios
clandestinos llenos de restos humanos calcinados, 400 pares de zapatos, ropa,
mochilas, identificaciones y una carta de despedida. Además, se hallaron 96
casquillos de bala y evidencia de que el sitio también era un campo de
entrenamiento forzado del CJNG. Se estima que las víctimas podrían ser hasta
200.
La respuesta de la Fiscalía de Jalisco no pudo ser más absurda. González de los
Santos admitió que no revisaron a fondo la propiedad y que los criminales
regresaron, rompieron los sellos y siguieron operando sin ser detectados. Para
justificar su omisión, declaró: «Los hornos estaban enterrados bajo una gruesa
capa de tierra y ladrillo, lo que dificultó su detección en la inspección inicial».
¿Nadie notó la actividad? ¿Ningún agente se preocupó por vigilar el lugar?
Lo peor es que la tecnología para evitarlo existe y es accesible. Cámaras con
sensores de movimiento, drones con imágenes térmicas y sistemas de monitoreo
pudieron haber evitado que el CJNG retomara el control del rancho. Con alrededor
de un millón de pesos se habría asegurado el sitio y detectado la infraestructura
oculta. Pero nada de eso se hizo. ¿Por falta de recursos? Jalisco recibe miles de
millones en presupuesto de seguridad. ¿Por negligencia? Sin duda. ¿Por
corrupción? Es probable.
El gobernador emecista Pablo Lemus, quien asumió el cargo en diciembre
pasado, asegura que investigará lo ocurrido durante la gestión de su antecesor,
Enrique Alfaro Ramírez. Sin embargo, Lemus heredó el caso y mantiene al fiscal
nombrado por Alfaro, lo que significa que él es responsable de lo que ocurre
ahora. No ha pedido que la FGR atraiga el caso, lo que sugiere que su postura es
más de contención que de acción.
Gertz lo dejó claro: es imposible que las autoridades locales no supieran lo que
estaba pasando. O fueron cómplices, o fueron incompetentes, o ambas cosas. La
complicidad con el CJNG no es una hipótesis descabellada.
El caso Teuchitlán es una radiografía de México: un país donde las víctimas tienen
que buscar a sus muertos porque el Estado no solo es incapaz de encontrarlos,
sino que permite que los criminales sigan operando en el mismo sitio. Y después
nos preguntamos por qué crece la impunidad.
ruizhealytimes.com
