Karla García / Diario de Chiapas
La Iglesia Católica en Chiapas manifestó su preocupación ante la reciente aprobación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes, al considerar que no aborda el origen del problema de los embarazos infantiles y que su aplicación podría centrarse más en reducir estadísticas que en sancionar a los responsables de los delitos sexuales.
En entrevista, monseñor José Francisco González González, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, señaló que la nueva legislación, aprobada por el Congreso del Estado, no contempla medidas específicas para castigar a los presuntos violadores de menores, quienes —afirmó— son en su mayoría adultos.
“La Iglesia siempre ha dicho que la vida debe ser protegida. Esta ley sorprende porque parece que no tiene ninguna cláusula donde al supuesto violador se le atienda con algo. Se quiere promover el aborto en adolescentes, pero sin atender la causa del supuesto violador”, expresó.
El líder religioso advirtió que, de no existir sanciones o medidas integrales para prevenir la violencia sexual, la nueva norma podría derivar en otros riesgos como la trata de personas o la explotación infantil.
Asimismo, consideró que el aborto no debe verse como una solución a los embarazos en menores, pues puede generar daños físicos y psicológicos en las adolescentes, además de implicar riesgos en la atención médica debido a la falta de insumos y personal especializado en los hospitales públicos.
“El sufrimiento de la niña o adolescente con el aborto no va a ser la solución. Aborto legal y seguro, eso de seguro nomás es un eslogan. Hay que buscar alternativas, como la adopción, para que esas vidas puedan ser acogidas por familias que las deseen”, agregó.
Monseñor sostuvo que la ley parece orientarse a disminuir cifras oficiales más que a erradicar la violencia sexual.
“No se busca preservar la inocencia de las niñas y adolescentes, sino reducir estadísticas. Pero eso no es la solución. Cuando se infringe violencia en las personas, la violencia se reproduce en la sociedad”, enfatizó.
Cabe señalar que el Congreso del Estado de Chiapas aprobó la iniciativa con el argumento de que la norma garantiza el derecho de niñas y adolescentes víctimas de violación a acceder a un procedimiento médico seguro, gratuito y de calidad, conforme a la Ley General de Salud y la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005.
Por otra parte, las diputadas que impulsaron la reforma señalaron que el embarazo infantil es consecuencia de un delito y no una elección, y destacaron que más de mil niñas menores de 15 años se convierten en madres cada año en la entidad, según datos del INEGI y la Secretaría de Salud, especialmente en comunidades indígenas donde las niñas enfrentan condiciones de pobreza y violencia estructural.
